En 2024, Venezuela atraviesa una de las etapas más sombrías en materia de derechos humanos, marcada por la represión estatal, el miedo y el control a una población que lucha diariamente por sobrevivir en un contexto de crisis profunda.

Según el del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), el número de protestas disminuyó en un 45% durante el primer semestre de 2024 en comparación con el mismo período del año anterior. Sin embargo, esta disminución no se debe a una mejora en las condiciones de vida de los venezolanos, sino al aumento en la represión estatal.

Más control a los más pobres

En lugar de atender las legítimas demandas de la población, el gobierno ha intensificado su control sobre la sociedad a través de la persecución selectiva, la criminalización de la protesta, y la implementación de leyes draconianas que buscan desarticular cualquier tipo de disidencia.

El «Proyecto de Ley contra el fascismo» es un ejemplo claro de esta tendencia. Esta ley, en proceso de aprobación, contempla penas severas para aquellos que participen en actos de protesta o manifestación, etiquetándolos como «fascistas» y «enemigos del Estado». Esta legislación no solo viola derechos fundamentales como la libertad de expresión y de reunión pacífica, sino que también busca sembrar el miedo entre los ciudadanos, disuadiéndolos de alzar su voz ante las injusticias.

La crisis económica y social que azota a Venezuela se refleja de manera cruda en la calidad de vida de sus habitantes. Los cortes constantes de electricidad y la escasez de agua potable han llevado a más de 600 protestas en lo que va del año, según el OVCS. Sin embargo, la represión y el temor a represalias han reducido drásticamente el número de manifestaciones públicas, a pesar de que la situación sigue siendo insostenible para millones de venezolanos.

El salario mínimo, que se mantiene estancado en alrededor de 3,5 dólares mensuales, es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia. La población enfrenta diariamente la disyuntiva de manifestarse para exigir sus derechos o mantenerse en silencio para evitar la persecución. Este dilema refleja la profundidad de la crisis y el impacto devastador que la represión tiene en la ciudadanía.

Ataques a la sociedad civil y al espacio cívico y democrático

Otro aspecto alarmante es el ataque sistemático a la sociedad civil y a los defensores de derechos humanos en Venezuela. Durante 2024, la ONG Centro para los defensores documentó más de 592 ataques contra periodistas, activistas, y organizaciones no gubernamentales, una cifra que evidencia el actual ambiente hostil. Propuestas de leyes como la «Ley de Cooperación Internacional» y la recién aprobada «ley sobre fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las ONG y entidades afines», conocida como «Ley Anti-ONG» buscan restringir el espacio de acción de la sociedad civil, limitando su capacidad para recibir financiamiento y operar de manera independiente.

Estas acciones no solo restringen la libertad de asociación y de expresión, sino que también buscan un efecto paralizante sobre el trabajo de las ONG, las cuales juegan un rol crucial en la defensa de los derechos humanos y la denuncia de abusos. La criminalización de la labor humanitaria y de defensa de derechos es una estrategia deliberada para silenciar las voces críticas y evitar que el mundo conozca la verdadera situación en Venezuela.

La situación de Venezuela debe estar en la agenda de la comunidad internacional

La represión, la crisis económica, y los ataques a la sociedad civil son indicadores de una crisis de derechos humanos que requiere atención urgente. Es crucial que la comunidad internacional tome medidas para presionar al gobierno venezolano y proteger los derechos fundamentales de su población.

Desde el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, hacemos un llamado a todos los sectores a unirse en la defensa de los derechos humanos y a alzar la voz contra la represión en Venezuela.