El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 1.311 protestas durante el mes de julio de 2024, equivalente a 44 diarias, representando un aumento de 219% en comparación con el mismo mes del año pasado.
Es importante destacar que 70% de las protestas documentadas ocurrieron durante los días 29 y 30 de julio.
En el mes de julio los Derechos Civiles y Políticos (DCP) fueron exigidos en 1.177 protestas, 90% de la cifra total. La exigencia de derechos políticos, en el marco de las elecciones presidenciales, abarcó la mayoría de las movilizaciones
También se documentaron 134 protestas relacionadas a exigencias de Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), 10% del total general. Cabe destacar que desde el año 2019 las exigencias de Desca no ocupaban el segundo lugar en el índice de protestas.
Distribución Geográfica de las protestas durante julio de 2024
Estados que encabezan el índice de protestas: Anzoátegui (202), Miranda (154), Distrito Capital (102), Bolívar (101) y Sucre (88), respectivamente.
Caracterizando las manifestaciones pacíficas en Julio 2024
- Los resultados de las elecciones presidenciales provocaron una ola de protestas en todo el país, principalmente en zonas pobres, exigiendo transparencia y entrega de las actas electorales.
- Entre los días 29 y 30 de julio, el OVCS documentó 915 protestas ciudadanas en todo el país. Con un saldo de 138 protestas reprimidas, y en las que se observó la presencia de civiles armados, conocidos como Colectivos, en al menos 119.
- 24 personas asesinadas y más de 2.000 detenidos en las protestas postelectorales.
- Se registraron 74 protestas en 17 estados del país denunciando abuso de poder cometidos por parte de representantes de cuerpos de seguridad del Estado.
- Aumento de la violencia y represión, como resultado de los llamados de las autoridades a la activación de la denominada “Furia Bolivariana.
- Bloqueos digitales para restringir la libertad de expresión, el acceso a la información, difusión de las protestas y ocultar la represión.
- Durante el mes de julio, previo a las elecciones aumentaron los actos de hostigamiento, detenciones arbitrarias, amenazas y retaliación política contra líderes y simpatizantes de partidos de oposición.
- Las autoridades anunciaron un operativo de seguridad ciudadana, en el marco de las protestas postelectorales, denominado “Operación Tun Tun”, caracterizado por allanamientos ilegales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.
- El derecho a la justiciafue exigido por defensores de derechos humanos, trabajadores, líderes sociales y políticos, familiares y víctimas de abusos de cuerpos de seguridad del Estado.
- Afectos al gobiernose movilizaron a favor de los resultados electorales y en apoyo a Nicolas Maduro.
Modalidades de protestas más frecuentes durante Julio 2024
La ola de protestas registradas en el mes de julio comenzó con cacerolazos en las zonas populares del país. Seguidamente los manifestantes realizaron concentraciones en las principales plazas y oficinas gubernamentales.
Protestas combinadas
De las 1.311 manifestaciones documentadas durante julio, 375 fueron combinadas. En estas se exigió más de un derecho en un mismo evento. Esto representó el 29% del total registrado.
Este dato es relevante para entender el comportamiento de las personas cuando realizan sus demandas, solicitudes y denuncias durante las protestas. También para comprender cuantitativamente las diferencias que pueden existir entre el numero de protestas registradas y las veces que son exigidos los distintos derechos.
Derechos más exigidos en protestas durante julio 2024
Derechos Civiles y Políticos (CDP)
Durante el mes de julio, el OVCS registró 1.177 protestas relacionadas a los Derechos Civiles y Políticos (DCP), 90% de la cifra total.
En el renglón de DCP los más exigidos, de forma individual o combinada, fueron: derecho a la participación política (1.137) y el derecho a la justicia (303).
Derecho a la participación política
El OVCS documentó 1.137 protestas relacionadas a la exigencia del derecho a la participación política durante todo el mes de julio. 81% se reportó después del anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), declarando ganador a Nicolas Maduro.
Desde tempranas horas del domingo 28 de julio y durante el desarrollo del proceso de votación, el OVCS registró protestas y denuncias en rechazo a la instalación de puntos rojos, presencia de civiles armados pro gobierno, lentitud durante la instalación de centros electorales, dificultades de acceso para miembros de mesa, y en especial al momento del conteo de los votos.
Luego del anuncio del CNE, a altas horas de la noche, habitantes de todo el país, principalmente de zonas populares, realizaron números cacerolazos, tomaron las plazas y calles rechazando los resultados, exigiendo transparencia, información creíble y las actas electorales. Solo entre los días 29 y 30 de julio, el OVCS documentó 915 protestas ciudadanas en toda Venezuela.
Represión contra las protestas de Julio 2024
Las manifestaciones postelectorales surgieron principalmente en los barrios y localidades más empobrecidas del país, antiguos bastiones del chavismo, donde sus habitantes exigieron con firmeza transparencia en los resultados y entrega de actas electorales.
Durante todo el mes de julio el OVCS documentó 159 protestas reprimidas en 23 entidades del país.
La respuesta del Estado a las protestas ciudadanas reveló el fortalecimiento y afianzamiento de un modelo represivo, que tiene dentro de sus objetivos silenciar las voces más vulnerables de la sociedad venezolana, quienes han sufrido con mayor intensidad la emergencia humanitaria compleja y que actualmente exigen un cambio.
Represión a las protestas postelectorales
Entre los días 29 y 30 de julio, el OVCS documentó 915 protestas ciudadanas en toda Venezuela. Con un saldo de 138 protestas reprimidas, y en las que se observó la presencia de civiles armados, Colectivos, en al menos 119.
Para la fecha de publicación de este informe se mantiene la cifra de 24 manifestantes asesinados en las protestas postelectorales, todos por heridas de armas de fuego y ubicados principalmente en zonas populares.
Según datos oficiales, más de 2.229 personas fueron detenidas en el contexto de las protestas, bajo cargos de «terrorismo» e «incitación al odio». Estos términos ambiguos, permiten al gobierno criminalizar cualquier forma de disenso. La evolución de la represión en Venezuela ha llegado a un punto crítico donde exigir derechos fundamentales se ha convertido para las autoridades en un acto de terrorismo.
Esta criminalización de la protesta socava los principios básicos del espacio cívico y democrático, y viola flagrantemente tratados internacionales de derechos humanos de los que Venezuela es signataria.
La «Operación Tun Tun»: Terror de Estado en los Barrios
La respuesta del gobierno fue más allá de la represión en las calles. La «Operación Tun Tun» ha llevado el terror estatal directamente a los hogares de los más vulnerables.
Este dispositivo incluye allanamientos ilegales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y una persecución política que recuerda a los regímenes más oscuros de la historia latinoamericana. También castigos ejemplarizantes, una serie de videos con música de películas de terror que culminan con la auto-incriminación forzada de los detenidos, seguida de una animación que los muestra tras las rejas. Con estos materiales audiovisuales las autoridades buscan sembrar el miedo en las comunidades y disuadir cualquier intento de protesta futura.
Características principales de la Operación Tun Tun:
Ordenada por autoridades: Autoridades venezolanas anuncian y amenazan con estos operativos por medios de comunicación.
Allanamientos sin orden judicial: Las fuerzas de seguridad realizan entradas forzosas a domicilios sin presentar órdenes judiciales.
Detenciones arbitrarias: Numerosas personas son detenidas sin cargos claros o evidencia sólida.
Desapariciones forzadas de corta duración: En numerosos casos se desconoce el paradero de las personas cuando son detenidas.
Uso excesivo de la fuerza: Se reportan casos de violencia desproporcionada durante los operativos.
Focalización en zonas de bajos recursos: La operación se concentra principalmente en barrios populares y áreas marginadas.
Difusión de las operaciones: Incluyen videos de detenciones y allanamientos. Incluyendo testimonios de detenidos asumiendo responsabilidad en delitos.
Participación de múltiples cuerpos de seguridad: Incluyendo la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y Guardia Nacional Bolivariana (GNB), entre otros.
Derecho a la justicia
El OVCS documentó la exigencia del derecho a la justicia en 303 protestas.
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El derecho a la justicia continúa siendo una de las principales exigencias de los venezolanos, durante julio fue exigido por defensores de derechos humanos, trabajadores, sindicalistas, activistas sociales, víctimas y sus familiares.
Protestas violentas
Se documentaron 66 protestas violentas, ocurridas después del anuncio de los resultados de las elecciones. 7% de todas las manifestaciones postelectorales.
Estas acciones fueron realizadas en contra de edificios públicos, locales comerciales, estatuas e instalaciones de los cuerpos de seguridad, entre otros.
Desde el OVCS rechazamos todas estas acciones que van en contra del histórico carácter pacífico y cívico de los venezolanos cuando exigen sus derechos.
Protestas contra los cuerpos de seguridad
Durante el mes de julio se registraron 103 protestas en 21 estados del país denunciando abuso de poder cometidos por parte de representantes de cuerpos de seguridad del Estado.
Exigencias de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)
Durante el mes de julio el OVCS documentó aproximadamente 79 protestas por el derecho a la vivienda, lo que representa el 6% del total documentado.
Continuaron las protestas rechazando cortes eléctricos (28), agua potable (15), vialidad (13), gas (4), mantenimiento de aguas servidas (3), recolección de desechos sólidos (2) y transporte público, entre otros.
Derechos laborales
El OVCS registró 47 protestas por derechos laborales durante el mes de julio.
Trabajadores, sindicalistas, jubilados y pensionados exigieron mejoras salariales reales que impacten en el cálculo de bonificaciones, antigüedad y demás beneficios laborales.
De las 47 exigencias laborales documentadas durante el mes de julio, los diferentes sectores participaron en las manifestaciones de la siguiente manera: trabajadores administrativos y obreros de diversos gremios (45), seguidos del sector educación (12), transportistas (6) y por último del sector salud (1).
Crisis democrática y escalada represiva en un contexto Post-Electoral
Al cierre de esta edición del informe, las primeras reacciones sugieren que el gobierno ha optado por una estrategia de endurecimiento: intensificando la criminalización de la protesta, aumentando las detenciones de activistas políticos y defensores de derechos humanos, y fortaleciendo el marco legal para reducir aún más el espacio cívico. Estas acciones buscan generar un clima de temor en la población para paralizar cualquier reacción.
Anticipamos una posible reducción en la visibilidad de las protestas, lo que plantea desafíos significativos para su documentación. En el OVCS, redoblamos nuestros esfuerzos para identificar dónde se producen las manifestaciones, cada vez hay menos medios de comunicación o periodistas que las hagan públicas. El costo personal por ejercer el derecho a la manifestación pacífica se ha incrementado dramáticamente, incluyendo detenciones arbitrarias, acusaciones de terrorismo y amenazas a familiares. Hasta la toma de posesión el 10 de enero, Venezuela enfrentará un periodo de profunda incertidumbre.
La situación actual revela una grave erosión de los derechos humanos y del espacio cívico y democrático en el país. Los datos son alarmantes: un aumento del 219% en las protestas comparado con julio de 2023, alcanzando 1,311 manifestaciones. El 90% de estas estuvieron relacionadas con exigencias de derechos civiles y políticos, principalmente en torno a las elecciones presidenciales, con 1,137 protestas demandando el derecho a la participación política.
La respuesta de las autoridades ha sido desproporcionada y violenta. Se documentaron 159 protestas reprimidas en 23 estados, resultando en 24 manifestantes asesinados y más de 2,000 detenidos. La «Operación Tun Tun» ejemplifica la escalada en la criminalización de la protesta, caracterizada por allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración, focalizadas en zonas de bajos recursos.
Estas acciones constituyen una flagrante violación de los derechos humanos y de los compromisos internacionales de Venezuela. El uso de términos como «terrorismo» para justificar la represión es particularmente preocupante, ya que permite criminalizar cualquier forma de disenso.
Ante esta crítica situación, exigimos al Estado venezolano:
1. Respetar la voluntad popular expresada las elecciones del pasado 28 de julio.
- Respetar la voluntad popular expresada las elecciones del pasado 28 de julio.
- Cesar inmediatamente la represión contra manifestantes pacíficos y garantizar el derecho a la protesta.
- Liberar a todos los detenidos por razones políticas y detener la persecución judicial contra opositores y activistas.
- Investigar de manera imparcial los casos de uso excesivo de la fuerza, asesinatos y violaciones de derechos humanos, llevando a los responsables ante la justicia.
- Permitir el acceso sin restricciones a observadores internacionales de derechos humanos.
- Restablecer plenamente las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica.
- Implementar reformas estructurales para garantizar la independencia del poder judicial y el respeto al Estado de Derecho.
La comunidad internacional debe mantener una postura firme, exigiendo el respeto a los derechos humanos y la restauración del orden democrático en Venezuela. Es crucial implementar mecanismos de monitoreo y sanción efectivos para prevenir una mayor escalada de la represión y violencia en el país. La situación requiere una acción coordinada y decidida para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos y restaurar la integridad democrática de la nación.
Esta investigación de tendencias emplea como insumo principal el seguimiento de situación a través de medios de información de alcance nacional y regional. También fuentes de organismos oficiales y organizaciones no gubernamentales (ong).
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