La ola de protestas que siguió a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela reveló el fortalecimiento y afianzamiento de un modelo represivo que observamos por primera vez en la represión a protestas en sectores populares durante 2019. Y es que estas manifestaciones postelectorales han surgido principalmente de las entrañas de los barrios más empobrecidos del país, antiguos bastiones del chavismo, desafiando la narrativa oficial y enfrentando una represión brutal que amenaza con silenciar las voces más vulnerables de la sociedad venezolana.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 915 protestas en apenas 48 horas, 29 y 30 de julio, tras el anuncio de los resultados electorales. Este número, ya de por sí alarmante, cobra un significado aún más profundo al analizar su distribución geográfica y demográfica.
Habitantes de antiguas zonas chavistas reciben la arremetida gubernamental
Solo entre el Estado Miranda y el Distrito Capital se registraron 192 protestas. Al analizar la distribución geográfica se observó que el 80% de las protestas se concentró en zonas pobres y populares, tradicionalmente afectas al gobierno.
Los municipios Sucre y Libertador, con 74 y 69 manifestaciones respectivamente, se convirtieron en símbolos de la resistencia popular y, consecuentemente, en blancos primarios de la represión estatal.
Desde el 29 de julio se observó un ataque sistemático contra las comunidades más vulnerables
Por otra parte, el 75% de las protestas reprimidas ocurrió en barrios pobres. Pareciera es una estrategia deliberada para silenciar a quienes más sufren las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja, que actualmente exigen transparencia y entrega de las actas electorales.
Entre el Distrito Capital y el estado Miranda se reportaron 10 personas asesinadas en el contexto de las protestas postelectorales, todas las víctimas se ubicaron en zonas populares
La «Operación Tun Tun»: Terror de Estado en los Barrios
Pero la respuesta del gobierno va más allá de la represión en las calles. La siniestra «Operación Tun Tun» ha llevado el terror estatal directamente a los hogares de los más vulnerables. Esta campaña de intimidación incluye allanamientos ilegales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y una persecución política que recuerda a los regímenes más oscuros de la historia latinoamericana.
Lo más perturbador de esta operación es su componente psicológico. El gobierno ha lanzado una serie de videos con música de películas de terror que culminan con la auto-incriminación forzada de los detenidos, seguida de una animación que los muestra tras las rejas. Este macabro espectáculo mediático busca sembrar el miedo en el corazón de las comunidades y disuadir cualquier intento de protesta futura.
Cuando protestar se convierte en Terrorismo
Según datos oficiales, más de 2,229 personas han sido detenidas bajo cargos de «terrorismo» e «incitación al odio». Estos términos, deliberadamente ambiguos, permiten al gobierno criminalizar prácticamente cualquier forma de disenso. La evolución de la represión en Venezuela ha llegado a un punto crítico donde exigir derechos fundamentales se ha convertido en un acto de terrorismo. Esta criminalización de la protesta socava los principios básicos del espacio cívico y democrático y viola flagrantemente tratados internacionales de derechos humanos de los que Venezuela es signataria.
Este artículo es una versión corta del reporte: Venezuela: Represión a los más vulnerables
