La reciente ratificación de la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 ha generado una ola rechazos y cuestionamientos tanto a nivel nacional como internacional.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, controlado por el chavismo, anunció a través de su presidenta, Caryslia Rodríguez, que el tribunal había realizado un peritaje exhaustivo del proceso electoral y decidió convalidar el triunfo de Maduro. Según Rodríguez, el proceso fue transparente y se llevó a cabo conforme a las leyes venezolanas. Sin embargo, esta decisión ha sido fuertemente criticada por sectores de la oposición, sociedad civil, gobiernos y organismos internacionales.
La oposición venezolana ha acusado al TSJ de estar al servicio del gobierno de Maduro y de socavar la democracia en el país. Argumentan que el tribunal carece de independencia y que sus decisiones están influenciadas por el poder ejecutivo. Estas acusaciones no son nuevas, ya que el TSJ ha sido señalado en múltiples ocasiones por tomar decisiones que favorecen al gobierno en detrimento de la oposición.
Presión internacional y en las calles
La comunidad internacional no se ha quedado callada. La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea han expresado su profunda preocupación, cuestionando no solo la transparencia de las elecciones sino también la independencia del máximo tribunal venezolano. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha ido más allá, reafirmando las conclusiones de su Misión Internacional de Determinación de Hechos para Venezuela que señalan la falta de imparcialidad tanto del Consejo Nacional Electoral (CNE) como del TSJ.
Pero las consecuencias de esta decisión van más allá del papel y las declaraciones diplomáticas. En las calles de Venezuela, la tensión es palpable, sore todo en las localidades más pobres. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó más de 900 protestas en tan solo 48 horas tras el anuncio de los resultados electorales. La respuesta del gobierno ha sido contundente y brutal: 138 protestas reprimidas por cuerpos de seguridad o civiles armados, conocidos como Colectivos, y según datos oficiales más de 2.229 detenidos y 25 personas asesinadas en el contexto de las protestas.
La ratificación de Maduro por parte del TSJ no solo consolida su poder, sino que profundiza las grietas en una sociedad ya fracturada. La desconfianza en las instituciones alcanza niveles críticos, amenazando con sumir al país en un abismo de ingobernabilidad y violencia. El aislamiento internacional y la posibilidad de nuevas sanciones se ciernen sobre el horizonte venezolano.
Profundización de la crisis
Además, la creciente conflictividad social y la represión gubernamental podrían llevar a un deterioro aún mayor de la situación humanitaria en el país
El pueblo venezolano continúa enfrentando desafíos económicos y sociales significativos, incluyendo un salario mínimo oficial equivalente a 3.5 dólares por mes, altos costos de alimentos y medicinas. Una crisis que ha empujado a millones a buscar refugio fuera de sus fronteras, en un éxodo que desangra al país de su recurso más valioso: su gente.
La realidad venezolana es un llamado de atención para el mundo. Nos muestra cómo la erosión sistemática de las instituciones puede llevar a un país, otrora próspero, al borde del colapso. Es un recordatorio de que la democracia, por robusta que parezca, es frágil y requiere de la vigilancia y participación de todos los ciudadanos y organismos multilaterales.
Venezuela se encuentra en una encrucijada histórica. El desenlace de esta crisis tendrá repercusiones no solo para los venezolanos, sino para toda la región. El silencio no es una opción.
La solidaridad internacional debe traducirse en acciones concretas dirigidas a exigir que se verifiquen los resultados electorales con expertos e instituciones independientes. Para garantizar que se cumpla con la voluntad del pueblo venezolano y seguir la ruta de la recuperación del orden democrático y la prosperidad.
