La situación en Venezuela ha alcanzado un punto crítico que demanda la atención y acción inmediata de la comunidad internacional. Los recientes acontecimientos post-electorales han puesto de manifiesto, una vez más, la grave crisis de derechos humanos que flagela al país.

El panorama es desolador: represión violenta contra manifestantes pacíficos, detenciones arbitrarias que incluyen a menores de edad, persecución a periodistas y defensores de derechos humanos, y una alarmante criminalización de la libertad de expresión.

La crisis que sacude a un continente

Hoy el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) congregó a los países democráticos para debatir con urgencia la situación de Venezuela.

La comunidad internacional ha expresado su preocupación de manera unánime. Desde Canadá hasta Argentina, pasando por Estados Unidos y países europeos como Italia, se alzan voces que denuncian el desmantelamiento sistemático de la democracia por parte del gobierno venezolano. La falta de transparencia en el proceso electoral, la negativa a publicar las actas de votación desglosadas y la cuestionable sentencia del Tribunal Supremo de Justicia han erosionado cualquier vestigio de credibilidad institucional.

El éxodo masivo de venezolanos, que sobrepasa los 7 millones de personas, calificado como la peor crisis migratoria en la historia de la región, es un testimonio vivo del sufrimiento del pueblo. Esta tragedia trasciende fronteras y exige una respuesta colectiva y solidaria.

Impunidad y obstáculos al escrutinio internacional

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han documentado extensamente los abusos. Sin embargo, la impunidad persiste. La reciente expulsión de la OACNUDH del país es un claro intento de evitar el escrutinio internacional.

Ante este escenario, el llamado a la acción es imperativo.  La comunidad internacional debe ir más allá de las declaraciones de preocupación y tomar medidas concretas. El principio de complementariedad de la Corte Penal Internacional  (CPI) debe activarse para investigar y procesar a los responsables de crímenes contra la humanidad, incluyendo a altos funcionarios gubernamentales.

Hacia una transición pacífica y democrática

Es momento para que organismos internacionales como la OEA y la ONU, sumando a gobiernos democráticos del mundo, intensifiquen sus esfuerzos para facilitar un diálogo inclusivo que conduzca a una transición pacífica y democrática, respetando los resultados de las elecciones presidenciales. La liberación de presos políticos, el respeto al derecho de asociación y reunión pacífica, y la garantía de elecciones libres y creíbles deben ser exigencias innegociables.

La crisis venezolana no es un hecho aislado; es un desafío a los valores democráticos y a los derechos humanos que todos compartimos. La inacción no es una opción. Cada día que pasa sin una intervención efectiva, se pierden vidas y se consolida un régimen autoritario.

El mundo debe entender que lo que sucede en Venezuela es una prueba para el sistema internacional de protección de derechos humanos. Es hora de pasar de la preocupación a la acción efectiva. El futuro de millones de venezolanos y la estabilidad de la región dependen de ello.