El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 1.243 protestas durante el primer trimestre de 2024, equivalente a 14 manifestaciones diarias en promedio. Esta cifra representa una disminución del 56% en comparación con el mismo período del año pasado.
Pese a las continuas restricciones del espacio cívico y democrático, los ciudadanos continúan ejerciendo su legítimo derecho a la manifestación pacífica, visibilizando, denunciando, exigiendo respuesta de las autoridades.
El Estado debe cumplir con sus obligaciones para garantizar una vida digna: vivienda de calidad, salarios y pensiones acordes a la realidad del país, servicios básicos constantes y todo ejercicio de participación política, búsqueda de justicia y de la vida misma.
Durante el primer trimestre se destaca el aumento de las manifestaciones pacíficas para exigir el derecho a la participación política. Otro aspecto relevante de este lapso es que las protestas vinculadas a servicios básicos se ubicaron en el primer lugar del índice, desplazando a las protestas laborales.
Enero: Estudiantes universitarios y simpatizantes de partidos de oposición realizaron protestas exigiendo al CNE la activación de puntos para la inscripción en el registro electoral, difusión del cronograma de elecciones y rechazo a las inhabilitaciones de líderes políticos.
Febrero: Sigue amenazado el espacio cívico que se evidencia en las detenciones arbitrarias, inhabilitaciones políticas, cierre de medios de comunicación y expulsión de la Oficina del Alto Comisionado ONU de su sede en Caracas.
Marzo: Aumentaron los cacerolazos y protestas nocturnas en reclamo a los constantes y extensivos cortes del servicio eléctrico que afectan las tareas domésticas, actividades académicas, atención médica, prestación de servicios e incluso la inscripción y actualización de datos en el registro electoral.
Derechos económicos y sociales lideran las protestas pacíficas
Durante los primeros noventa días del año se documentaron 914 protestas por la exigencia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), 74% del total general.
En primer lugar, se destacan las protestas de vecinos para exigir el derecho a una vivienda digna, adecuada y con servicios básicos de calidad. Seguidamente los trabajadores continúan sus jornadas de manifestaciones pacíficas cumpliéndose dos años sin un aumento salarial ajustado a la realidad económica del país. Mientras que jubilados y pensionados acompañan las acciones de protestas clamando por pensiones que les permitan cubrir sus gastos de salud, alimentación y aseo personal.
En aumento las protestas políticas
Con el llamado a un nuevo proceso electoral y en un escenario de complejos debates sociales, los Derechos Civiles y Políticos (DCP) fueron exigidos en 329 protestas, 26% de la cifra total. Es decir, de cada 10 protestas hubo tres destinadas a reclamos por DCP, en promedio.
Las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE) en distintos estados del país fueron centros de convocatoria para las protestas protagonizadas por simpatizantes de partidos políticos de oposición y estudiantes universitarios que exigieron abrir nuevos puntos de inscripción, cronograma electoral para elecciones presidenciales de 2024 y celeridad en los trámites. Además, los ciudadanos rechazaron las inhabilitaciones políticas o cualquier otra acción que impida la participación política como derecho de todos los ciudadanos.
El movimiento de derechos humanos alertó a la ciudadanía y comunidad internacional sobre el impacto negativo de los proyectos legislativos anunciados para discusión y aprobación en la Asamblea Nacional durante este 2024 (Ley contra el fascismo y Ley sobre las ONG) y exhortó que estos instrumentos jurídicos debilitan el ejercicio de los derechos fundamentales para el espacio cívico y democrático.
Distribución Geográfica de las protestas durante febrero de 2024
Durante el primer trimestre de 2024, los estados que encabezan el índice de protestas: Bolívar (151), Anzoátegui (124), Sucre (114), Táchira (96) y Lara (71), lo cual indica una representación de importantes regiones del país. Existen menos registros de protestas en Amazonas (1), Apure (7) y Delta Amacuro (11), aunque no es un indicador del estancamiento de estas sino de la inaccesibilidad a los datos y fuentes confiables debido a mayores restricciones y desierto informativo.
Caracterización de la protesta durante el primer trimestre de 2024
- Vivienda: La exigencia de los servicios básicos ha sido el primer reclamo durante los primeros tres meses de este año. Los ciudadanos siguen exigiendo su legítimo derecho a una vivienda digna, asequible y que proporcione calidad de vida.
- Trabajo: Las protestas laborales se ubicaron en el segundo lugar en el índice. La principal exigencia fue la demanda por un aumento salarial de acuerdo con la realidad económica del país.
- Medio ambiente: Continúan las protestas ante las fallas en la recolección de desechos sólidos, deterioro y desbordamiento en los canales de aguas servidas, incendios forestales, quema indiscriminada de basura y recursos naturales, entre otros factores que inciden en el medio ambiente y la salud pública.
- Seguridad social: Jubilados y pensionados participaron en 120 acciones de protesta para exigir aumento de las pensiones.
- Gasolina: Habitantes de 16 estados del país participaron en 31 protestas para exigir abastecimiento de combustible y denunciaron que las limitaciones en el acceso a este recurso perjudican sus actividades económicas y domésticas.
- Participación política: Estudiantes universitarios y opositores al gobierno exigieron al Consejo Nacional Electoral (CNE) la activación de puntos para la inscripción, así como la elaboración y difusión del cronograma electoral. Del mismo modo, manifestaron rechazo a las inhabilitaciones políticas.
- Espacio cívico y democrático: Defensores de derechos humanos alertan sobre mayores restricciones y las constantes amenazas a las que son expuestos ante posible aprobación de leyes que pretenden controlar y reducir las acciones de las ONG en el país.
- Justicia: Sociedad civil denuncia detenciones arbitrarias y criminalización de lideres sociales y defensores de derechos humanos. Del mismo modo, alertan sobre la propuesta de “Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares”, la cual de entrar en vigencia establecería la aplicación de multas y detenciones a quienes participen en reuniones, manifestaciones y organizaciones consideradas como fascistas por las autoridades.
- Represión: 16 protestas reprimidas en 10 estados del país, donde hubo un manifestante detenido.
- Denuncias contra cuerpos de seguridad: Se registraron 28 protestas en 14 estados del país denunciando abuso de poder y violaciones de derechos humanos cometidos por parte de representantes de cuerpos de seguridad del Estado.
Modalidades de protestas más frecuentes durante el primer trimestre de 2024
Las concentraciones frente a las oficinas gubernamentales continúan liderando las modalidades de protestas en Venezuela 57% de todas las registradas.
Durante el mes de marzo aumentaron a 63 los cacerolazos, principalmente en horario nocturno, como forma de protesta ante los constantes y prolongados cortes eléctricos que en algunos sectores se extienden durante días y se agrava en zonas rurales donde pasan semanas sin generación eléctrica.
Protestas combinadas
De las 1.243 manifestaciones documentadas durante los tres primeros meses del año, 669 fueron combinadas. En estas se exigió más de un derecho en un mismo evento. Esto representó 54% del total registrado.
Derechos más exigidos en protestas durante febrero 2024
Protestas por el derecho a la vivienda y el colapso de los servicios básicos
Durante los tres primeros meses del año el OVCS documentó aproximadamente 476 protestas por el derecho a la vivienda. Las relacionadas con denuncias y reclamos se derivan de la calidad de los servicios básicos responsabilidad del Estado.
Servicios básicos más exigidos
Electricidad: 219 protestas fueron por los cortes frecuentes y prolongados a nivel nacional generan descontento en los vecinos, dificultades diarias para el desarrollo de actividades cotidianas y traslados, pérdidas de los alimentos, productos y recursos.
Agua: 145 protestas fueron denuncias por las dificultades por el poco o nulo acceso al agua potable y afectó a los centros médicos donde atienden pacientes renales que ven interrumpidos sus tratamientos de diálisis por falta del recurso y de la energía eléctrica.
Vialidad: 54 protestas fueron para reclamar el deterioro continuo y sistemático de los puentes, las carreteras y avenidas que encarecen las posibilidades de tránsito y desplazamiento en diversas zonas del país.
Aguas servidas: 50 protestas fueron para alertar las consecuencias, en la salud pública y ambiental, por la falta de mantenimiento de los drenajes y las plantas de tratamiento lo que ha generado en ciertos sectores del país que existan brotes de enfermedades y deterioro de la calidad de vida de los venezolanos.
Recolección de desechos sólidos: 35 protestas fueron para demandar la urgencia de cobertura y rutas para la recolección de los desechos sólidos, así como el tratamiento de los desechos sólidos acumulados en vertederos improvisados que generan contaminación ambiental, roedores y moscas con impacto en la salud pública. En varias regiones los habitantes queman los desechos sólidos ante la falta de respuesta de las autoridades generando incendios y mayor contaminación.
Alumbrado público: al menos 19 protestas fueron para exigir atención relacionada con el alumbrado público para garantizar la integridad física y la seguridad ciudadana.
Gas: 10 protestas fueron para denunciar demoras y procesos burocráticos durante la distribución de gas en las comunidades durante la recepción de contenedores.
Distribución geográfica de las protestas por gasolina
Habitantes de 16 estados del país participaron en 31 protestas para exigir abastecimiento de combustible de forma regular y con tarifas subsidiadas. Productores, pescadores, agricultores y transportistas denuncian que la escasez de combustible continúa generando pérdidas de los productos para estos sectores.
Derechos laborales
Durante los primeros tres meses del año se documentaron 448 protestas laborales, 39% del total general.
Esta cifra representa una importante disminución de 79% en comparación con el mismo período del año pasado cuando ocurrieron 2.165 manifestaciones laborales. Encontrando dentro de las principales causas de este resultado a la criminalización, represión, judicialización, desgaste y contexto preelectoral.
En Venezuela, el aumento del «bono contra la guerra económica» fue anunciado a inicios del año 2024 cuando era equivalente a 100 dólares mensuales. Sin embargo, trabajadores de la administración pública denunciaron que dicho aumento es suficiente para cubrir la canasta alimentaria y no genera incidencias en otros cálculos asociados al salario, lo que desmejora los derechos y reivindicaciones históricas.
Principales motivos de las protestas laborales
1. Salario digno ajustado a la realidad económica dolarizada del país.
2. Respeto a la libertad sindical, derecho a la asociación y manifestación pacífica.
3. Rechazo a detenciones arbitrarias, amenazas y criminalización.
Protestas por derechos a la seguridad social
El OVCS documentó 142 protestas para exigir garantía del derecho a la seguridad social. Los jubilados y pensionados participaron activamente en manifestaciones para alertar sobre las dificultades diarias que enfrentan para garantizar su alimentación, medicamentos y la adquisición de artículos de primera necesidad con el valor actual de sus pensiones.
Protestas por derecho a la participación política
Durante los primeros noventa días del año el OVCS documentó 218 manifestaciones pacíficas por el derecho a la participación política, protagonizadas principalmente por estudiantes universitarios y opositores al gobierno.
Tales manifestaciones se han caracterizado por el reclamo de los ciudadanos exigiendo transparencia en el proceso electoral convocado para los próximos comicios presidenciales del 28 de julio de 2024 y que, durante el primer momento, estuvo caracterizado por la inhabilitación política de posibles candidatos presidenciales aludiendo a mecanismos no esclarecido por las autoridades. La sociedad civil denunció trabas en el proceso de inscripción y actualización de datos en el registro nacional electoral.
Durante enero y febrero fue constante la exigencia de conocer el cronograma electoral, además de la habilitación de puntos para actualización de datos frente al CNE. Del mismo modo, se realizaron denuncias las amenazas escritas anunciando la “furia bolivariana” en varias sedes de partidos políticos de oposición.
Para el mes de marzo se denunciaron irregularidades tales como: lentitud en el proceso de inscripción, falta de comunicación e información oportuna para anunciar el funcionamiento de las jornadas y puntos de registros en todo el país. Se enfatizan dos cuestiones: el rechazo a las inhabilitaciones políticas a opositores y la exigencia de los jóvenes para ejercer su derecho al voto.
Protestas por derecho a la justicia
En el primer trimestre del año el OVCS documentó 207 protestas por el derecho a la justicia exigido por trabajadores, familiares de lideres sindicales, políticos y defensores de derechos humanos que han sido víctimas de detenciones arbitrarias.
El movimiento de los derechos humanos alerta sobre las restricciones al espacio cívico y democrático. Las personas defensoras enfatizan sobre las amenazas a las que se expone la sociedad civil ante posible aprobación de leyes que sugieren fiscalización y control de los medios de comunicación, así como otras acciones que atentan contra las organizaciones civiles, restringen el derecho a la manifestación pacífica, la libertad de asociación, pensamiento y opinión.
El primer trimestre de 2024 se caracterizó principalmente por la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, directora de la organización Control Ciudadano, y se sumó la expulsión del país de los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Así mismo, familiares de las víctimas de represión en las protestas sociales ocurridas en el pasado protestaron para exigir justicia por manifestantes heridos, detenidos o asesinados en las calles del país durante años anteriores.
Represión contra las protestas del primer trimestre 2024
Protestas denunciando a cuerpos de seguridad del Estado
Durante este primer trimestre del año se registraron 28 manifestaciones contra los cuerpos de seguridad del Estado, denunciando malos tratos, torturas, actos de corrupción y /o abuso de poder ejercidos contra los habitantes de al menos 14 estados del país.
Dos años se cumplen desde que iniciaron protestas laborales sistemáticas exigiendo reivindicaciones salariales y legítimos derechos plasmados en las contrataciones colectivas. La respuesta del Estado ha sido insuficiente, manteniendo una política de bonificación sin aumento real equivalente al costo de la canasta básica de alimentos y sin incidencia salarial. El ajuste de marzo de 2022 fijó el salario mínimo en 130 bolívares que hoy se traducen en 3 dólares cada mes al cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Reiteramos que esta situación amerita respuestas y soluciones urgentes por parte de las autoridades venezolanas.
El OVCS expresa su preocupación por el incremento de la represión selectiva, amedrentamiento, amenazas, persecución, hostigamientos, detenciones arbitrarias y limitaciones en el acceso a la justicia contra líderes sindicales, vecinales, políticos opositores, activistas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Este periodo destacamos la detención de la defensora Rocío San Miguel ocurrida el 9 de febrero de 2024 y la posterior expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos luego de expresar su preocupación por la detención de la defensora. Para la fecha de cierre de este informe, las autoridades venezolano anunciaron el regreso de la Oficina al país.
El próximo 28 de julio se realizarán las elecciones presidenciales, será una oportunidad histórica para que el país pueda encontrar una ruta democrática y pacifica para salir de la actual Emergencia Humanitaria Compleja. Es fundamental que el Estado cumpla con estándares internacionales para la realización de un proceso libre, transparente, justo y con observación de organismos internacionales.
Los venezolanos han demostrado su interés en los asuntos públicos del país, y como muestra se aprecian las constantes manifestaciones en las calles o la asistencia y participación en las recientes consultas realizadas por el gobierno y oposición. El Estado debe garantizar la participación de los electores dentro y fuera de Venezuela, y que el pueblo venezolano tenga la oportunidad real de decidir el rumbo de la nación.
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Esta investigación de tendencias emplea como insumo principal el seguimiento de situación a través de medios de información de alcance nacional y regional. También fuentes de organismos oficiales y organizaciones no gubernamentales (ong).
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