En Venezuela, la delación, el chivateo y las acusaciones entre vecinos han emergido como herramientas clave de control social, facilitadas y promovidas por el Estado. Esta práctica, que históricamente ha existido en contextos autoritarios, se ha intensificado en los últimos años como un recurso efectivo para mantener el poder y silenciar a personas críticas y disidentes, exacerbando la desconfianza en la sociedad y erosionando los lazos comunitarios.
Estructuras organizadas
Este mecanismo se ve reforzado por estructuras organizativas promovidas por el gobierno venezolano, como las Redes de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS), que han sido diseñadas para vigilar y controlar a la población, bajo el pretexto de defender la nación. Estas redes, implementadas desde 2017, representan una evolución en los métodos de represión del chavismo, utilizando a civiles para identificar a opositores y reforzar el control político.
Las RAAS funcionan con una estructura que permite a sus integrantes «caracterizar sociopolíticamente» a los habitantes de cada comunidad, determinando quiénes son leales al gobierno y quiénes pueden ser considerados opositores. Esto implica una vigilancia directa, donde los propios vecinos se convierten en agentes de inteligencia, promoviendo un ambiente de desconfianza y paranoia. Esta estrategia profundiza la fragmentación social, pues las personas viven bajo la constante amenaza de ser denunciadas, no solo por sus opiniones, sino también por su participación en actividades políticas o simplemente por no alinearse con el oficialismo.
Este sistema de vigilancia y delación se extiende incluso al ámbito electoral, donde las RAAS juegan un papel clave para asegurar el control del voto. Los jefes de calle no solo vigilan las actividades políticas de sus vecinos, sino que también monitorean su participación en elecciones, clasificando a los votantes según su nivel de apoyo al gobierno. Esto refuerza la coerción y el control sobre el derecho a la participación política, ya que el no votar por el oficialismo puede tener consecuencias directas sobre el acceso a servicios y beneficios.
El uso de las RAAS, junto con otras medidas legales como la Ley Contra el Odio y la figura de los «patriotas cooperantes», que alientan la delación de cualquier actividad sospechosa, consolidan un sistema de represión en el que la denuncia ciudadana es incentivada como un acto de lealtad al gobierno. Esto no solo se aplica a opositores, sino también a personas dentro del chavismo que pudieran mostrar descontento o críticas hacia la gestión de gobierno. En este sentido, la delación y el chivateo se han convertido en una herramienta que permea todos los niveles de la vida cotidiana en Venezuela, profundizando el control social y sofocando cualquier forma de disidencia.
El proceso es simple y cotidiano, pero con un gran impacto: una persona, motivada por miedo, ideología o incentivos económicos, delata a otra por actividades que considera contrarias al gobierno o a los intereses del Estado. Las acusaciones pueden variar desde la participación en protestas hasta simples comentarios críticos en redes sociales. Esta cultura de la delación se alimenta del temor, donde cualquier palabra o acción puede ser malinterpretada y usada como pretexto para la represión.
El Gobierno también ha incluido en este esquema a programas como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), originalmente diseñado para distribuir y vender alimentos a bajo costo en medio de la crisis. Sin embargo, estos comités se han convertido en un espacio de vigilancia y control político. Los líderes de los CLAP tienen la potestad de determinar quién recibe los beneficios y quién no, basándose muchas veces en lealtades políticas o supuestas denuncias realizadas por vecinos. De este modo, el acceso a alimentos, medicinas y otros servicios esenciales se condiciona a la sumisión y el silencio. Esto ha generado un clima donde los ciudadanos, en su lucha por sobrevivir, se ven obligados a vigilarse unos a otros.
También en las redes sociales
El miedo no solo opera en las calles, sino que también se extiende a las plataformas digitales. Las redes sociales, que en otros contextos se han utilizado como herramienta para la denuncia y el activismo, en Venezuela se han convertido en espacios donde la gente teme expresarse libremente. Basta una captura de pantalla o una interpretación maliciosa de un comentario para que una persona sea denunciada y enfrentada a represalias. Las detenciones por expresar opiniones críticas en redes son cada vez más comunes, y el gobierno ha perfeccionado la capacidad de rastrear y silenciar a quienes se atrevan a desafiar el discurso oficial.
El impacto psicológico de este mecanismo de control es profundo. La sociedad venezolana ha pasado de ser una comunidad unida por lazos de solidaridad a un entramado de desconfianza y traiciones, sobre todo en zonas empobrecidas. El chivateo destruye la cohesión social, generando un ambiente de paranoia donde todos son potenciales vigilantes del otro. Familias, amigos y vecinos se encuentran divididos por la sospecha, lo que dificulta la organización colectiva y exigencias conjuntas.
Este clima de represión no es exclusivo de Venezuela, pero en el país ha adquirido características particulares por la combinación de crisis económica, control estatal de los recursos y el uso de las redes sociales como herramientas tanto de control como de vigilancia. En muchos casos, la delación no solo busca el castigo del «culpable», sino que también es una forma de garantizar la propia supervivencia en un entorno en el que la lealtad al régimen se recompensa y la crítica se castiga.
Efecto de la delación y el chivateo en Venezuela
Debilitamiento del tejido social
La práctica de denunciar a vecinos, familiares o compañeros de trabajo ha quebrantado las relaciones interpersonales básicas que sostienen a una sociedad. El miedo a ser delatado ha llevado a muchos venezolanos a aislarse y evitar interacciones sociales, debilitando los vínculos comunitarios.
Desconfianza generalizada
Se ha instaurado un estado general de sospecha permanente, donde las personas temen expresarse libremente incluso en círculos cercanos. Esta paranoia colectiva obstaculiza la cooperación y solidaridad necesarias para enfrentar los desafíos sociales.
Autocensura y limitación de espacios de diálogo
Ante el riesgo de ser acusado, muchos optan por la autocensura, evitando discutir temas políticos o sociales. Esto ha reducido drásticamente los espacios de debate público y participación ciudadana, elementos clave para la cohesión social.
Instrumentalización de las diferencias
El fomento de la delación ha exacerbado las divisiones sociales y políticas preexistentes. Se ha utilizado como herramienta para señalar y perseguir a quienes piensan diferente, reviviendo y profundizando la polarización política.
Impacto psicosocial
Vivir bajo la amenaza constante de ser delatado genera altos niveles de estrés, ansiedad y desconfianza. Este deterioro de la salud mental colectiva dificulta la construcción de relaciones sociales solidarias y cooperativas.
Obstaculización del desarrollo comunitario
El clima de suspicacia y desconfianza generalizada frena las iniciativas de desarrollo local y la cooperación vecinal. Los ciudadanos evitan involucrarse en proyectos comunitarios por temor a ser acusados de tener motivaciones políticas o ser señalados como opositores.
Debilitamiento institucional
La cultura de la delación socava la confianza en las instituciones y el Estado de Derecho. Se percibe que cualquiera puede ser víctima de acusaciones arbitrarias, lo que erosiona la legitimidad del sistema de justicia y las instituciones públicas.
El fenómeno de la delación en Venezuela es un reflejo de cómo los regímenes autoritarios utilizan el miedo y la vigilancia para sofocar cualquier forma de disidencia. Mientras más se intensifica esta práctica, más se consolida el control social, transformando a los ciudadanos en piezas clave del sistema represivo.
El desafío para la sociedad venezolana es encontrar la manera de romper este ciclo de miedo y desconfianza, para reconstruir los lazos sociales y avanzar hacia un futuro donde la libertad de expresión y el derecho a la asociación no sean castigados, sino celebrados.
MAP 15.02.2024 ……………………….
