El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 46 nuevos ataques e incidentes de seguridad contra defensores y organizaciones durante el mes de octubre de 2020 en Venezuela. Se agudiza la Política sistemática de criminalización a la defensa y exigencia de derechos que pretende calificar a los defensores de enemigos internos del Estado que deben ser neutralizados.
La reducción del espacio cívico y democrático, sumado a las medidas de control social y la profundización de la Emergencia Humanitaria Compleja, agravada por la pandemia del Covid-19, generan un entorno adverso y hostil en el cual quienes defienden derechos humanos deben realizar sus actividades expuestos a graves riesgos que pueden comprometer la operatividad de las organizaciones y su vida e integridad.
CRIMINALIZACIÓN DE LA COOPERACIÓN
Bajo la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional y la lógica del enemigo interno,el Estado venezolano sigue incumpliendo con sus obligaciones internacionales, y además pretendiendo eludir el escrutinio internacional descalificándolas, y agrediendo, criminalizando y estigmatizando a las organizaciones y personas que asisten y cooperan con ellas con el fin de denunciar las violaciones y crímenes que se cometen en el país; así como también arremetiendo contra ellas por recibir financiamiento.
