El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 33
nuevos ataques e incidentes de seguridad durante el mes de
noviembre de 2020 en Venezuela.
Avanza la criminalización a la defensa de derechos humanos y
trabajo humanitario como Política de Estado.
Se agudizan las acciones represivas con el fin de obstaculizar el
trabajo de las organizaciones y de defensores, quienes son
calificados por el Estado como enemigos internos.
El mes de noviembre se caracterizó por el recrudecimiento de las
acciones represivas en contra de las organizaciones que
emprenden labores humanitarias, aumentando los actos de
intimidación y hostigamiento, así como también se implementaron
mecanismos para obstaculizar la labor de quienes defienden
derechos. Asimismo, aumentaron las amenazas de aprobación de
leyes de cooperación para regular y sancionar a ONG.
En un contexto de Emergencia Humanitaria Compleja, agravada
por la pandemia del Covid-19, el Estado continua profundizando el
control social y el autoritarismo, argumentando las facultades
dadas por el estado de alarma vigente desde el 13 de marzo de
2020.
En el ámbito de una crisis social y política de la magnitud de la
experimentada en Venezuela, el trabajo de las organizaciones y
personas que defienden derechos humanos es indispensable para
velar por la dignidad de los ciudadanos y proteger a las víctimas
frente a la impunidad y las afectaciones sufridas. Sin embargo, la
respuesta opresiva contra el derecho a defender derechos
humanos genera mayor desprotección y representa un
incumplimiento a sus obligaciones internacionales de proteger,
respetar y garantizar derechos.
