Un panel de expertos internacionales, integrado por Santiago Cantón (Argentina), Irwin Cotler (Canadá), y Manuel Ventura Robles (Costa Rica), considera que existen suficientes elementos para deducir que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad durante el mandato del presidente Nicolás Maduro.

En un informe presentado por el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Santiago Cantón, ante la OEA, entre 2014 y 2017 se contabilizan 131 víctimas de asesinatos en medio de protestas callejeras, cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los colectivos; así como 8.292 ejecuciones extrajudiciales documentadas desde 2015.

El documento identifica además a más de 12.000 venezolanos arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujetos a otras severas privaciones de libertad física desde las elecciones presidenciales de 2013; más de 1.300 presos políticos y un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento identificado de personas, con el fin de
atemorizar y silenciar a la población

El panel examinó también las violaciones de los derechos a la salud y la alimentación debido a la utilización de la crisis humanitaria como arma para fines políticos.

Los panelistas recomendaron al secretario general de la OEA, Luis Almagro, remitir el informe a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional.

Exhortan además a que la OEA invite a los Estados Parte en el Estatuto de Roma a que remitan la situación de Venezuela a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y a que pidan a la Fiscal la apertura de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad.

El informe se divide en dos partes. La primera fue redactada por la Secretaría General de la OEA, con base al testimonial de víctimas, sus familiares y otras partes interesadas, y documentos escritos entregados por más de 40 organizaciones no gubernamentales venezolanas e internacionales.

La segunda parte fue redactada por el Panel de Expertos Internacionales Independientes, con la evaluación jurídica de los méritos para remitir la situación en Venezuela a la Corte Penal Internacional.

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Prensa OVCS / Fuente OEA