Es urgente una transición pacífica que garantice el retorno del orden democrático y el fin de un sistema político que durante dos décadas ha erosionado la institucionalidad y el Estado de Derecho, llevado al país a los peores índices de productividad, restricción de libertades y ha generado la salida de más de 5 millones de personas en condición de refugiados en necesidad de protección internacional.

El Estado ha sido incapaz de cumplir con sus obligaciones en alimentación, salud, educación, vivienda, salarios y libertades que permitan una vida digna y respeto a los derechos humanos. Por el contrario, son expuestos a mayores violaciones que se incrementan con el Estado de Alarma.

La supervivencia en condiciones extremas se ha convertido en un modo de vida en el país de las mayores reservas de crudo del mundo, dominado por un sistema político que ha llevado a sus ciudadanos a la pobreza y desigualdad social. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) alertó que la línea de pobreza aumentó dramáticamente en los últimos años y Venezuela es en la actualidad el país más pobre de América Latina.

Los ciudadanos que están obligados a un confinamiento para evitar los riesgos de propagación del COVID-19 no cuentan con las condiciones mínimas en servicios públicos. La infraestructura existente está deteriorada y esto no garantiza el acceso al agua potable, al gas doméstico y a la energía eléctrica. Es incalculable lo que afecta esta situación a las familias, quienes demandan con mayor ímpetu mejores servicios básicos.

El transporte público es un requerimiento de miles de familias que se ven obligadas a movilizarse para cubrir sus necesidades inmediatas, e incluso para personal de salud que se traslada hasta los centros asistenciales. Muchas personas enfermas no pueden detener los tratamientos médicos y recurrieron al transporte público mermado casi en su totalidad para poder asistir a las consultas.

Persiste la inseguridad alimentaria con riesgos alarmantes. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) alertó que al menos en un hogar, de cuatro, la inseguridad alimentaria es severa y que al menos 639.000 niños menores de 5 años están desnutridos. Venezuela es el cuarto país del mundo con mayor crisis alimentaria, según un informe de la Red Mundial contra las Crisis Alimentarias.

El venezolano enfrenta una situación de vulnerabilidad multifactorial sin precedente que agota la cotidianidad: buscar alimentos, medicinas, agua y algún ingreso. Por su parte, algunos sectores que ejercen el poder han creado una atmósfera de sensación de bienestar. Ante esta realidad, miles de personas salen a protestar, a pesar de los riesgos del COVID-19.

La crisis se agudiza, afectando a todos los venezolanos, y siendo los estratos más bajos los más desfavorecidos.

Las oportunidades son reducidas para quienes dependen de un salario mínimo, que en Venezuela no llega a 2$ según el precio fijado por el BCV a la fecha de difusión de este informe. Quienes no tienen empleos estables recurren obligatoriamente a los planes del Estado para cubrir sus necesidades.

Este es un tema de preocupación no solo nacional, sino también internacional. Recientemente la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) publicó su informe con resultados de la investigación de las denuncias de violaciones de los derechos humanos a la vida, la libertad y la integridad física y moral en la República Bolivariana de Venezuela, y a través de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, resaltó que “la población venezolana sigue padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a los bajos salarios, los altos precios de los alimentos o las persistentes carencias de los servicios públicos”.

Igualmente, el 6 de mayo de 2020 un grupo de expertos de la Organización de Naciones Unidas exhortó al Estado venezolano a adoptar medidas concretas para poner fin a la crisis humanitaria y manifestaron su preocupación “por la espiral de la crisis económica y el efecto que ésta ha tenido en la capacidad de las personas para subsistir de un día para otro”. Asimismo, afirmaron que aun frente a los desafíos que puede presentar el Estado ante el COVID-19 “los derechos humanos no pueden quedar en suspenso. Incluso en un momento como éste, el gobierno sigue teniendo la obligación de proteger los derechos básicos de las personas”.

En el marco de los procesos de observación internacional sobre Venezuela, el 8 de mayo de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó sus observaciones y recomendaciones sobre la visita in loco realizada el pasado mes de febrero para constatar la situación de derechos humanos en el país, la cual, debido a los obstáculos impuestos por el Estado para su ejecución, se desarrolló en las ciudades de Bogotá y Cúcuta en Colombia. La CIDH afirmó que “Venezuela atraviesa una grave crisis de derechos humanos como consecuencia del prolongado debilitamiento de la institucionalidad democrática y la ausencia de estado de derecho”, y afirmó que el Estado “no ha adoptado medidas decididas para revertir esta situación, lo que ha profundizado la crisis y, por ende, los desafíos para superarla”.

Resaltamos las conclusiones dadas por la Comisión respecto a que el Estado venezolano “se encuentra en una falta sistemática de cumplimiento y cobertura de los DESCA, no sólo ejerciendo una discriminación basada en razones políticas o como medidas de presión social, sino además evidenciando índices regresivos y negativos de satisfacción de tales derechos”. Asimismo, manifestó que “se ha vulnerado sistemáticamente los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, reunión y libertad de expresión, especialmente en el contexto de su respuesta a las manifestaciones, protestas sociales y expresiones de disenso que han ocurrido en el país”, ello en el marco de la Política de Estado de Represión y el control social tal y como han venido denunciando las organizaciones de derechos humanos de Venezuela.

Desde el OVCS reiteramos la importancia de mantener los procesos de documentación, denuncia y monitoreo por parte de los Organismos Internacionales de Protección de los Derechos Humanos, para avanzar en la construcción de soluciones efectivas para el alcance de justicia y el cumplimento efectivo de las obligaciones del Estado de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de los venezolanos.

Fuente: Prensa OVCS