La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) presentó este viernes el informe sobre Venezuela, en el que ratifica su preocupación sobre las graves violaciones de los derechos económicos, políticos y sociales en el país.
«La población venezolana está afrontando muy diversas e interrelacionadas violaciones de sus derechos económicos y sociales«, señala el documento, elaborado por orden del Consejo de Derechos Humanos tras varias misiones de la Oficina de la Alta Comisionada en Venezuela entre 2018 y 2019, incluyendo la visita de Michelle Bachelte del 19 al 21 de junio de este año.
El organismo confirma las violaciones al derecho a la alimentación y el debilitamiento de los sistemas de producción y distribución como consecuencia de las políticas adoptadas en la última década; así como la gravedad del tema de salud y la falta de acceso a medicinas, siendo estas las dos principales causas de que 4 millones de venezolanos se hayan visto obligadas a dejar el país desde 2018.
La Oficina urge la toma de medidas estructurales, ya que de no mejorar la situación teme que el éxodo de personas migrantes y refugiadas venezolanas seguirá en ascenso y que empeoren las condiciones de las personas que permanecen en el país.
«El Gobierno ha aceptado autorizar gradualmente asistencia humanitaria de las Naciones Unidas y de otros actores. Sin embargo, el nivel de asistencia es mínimo en relación a la magnitud de la crisis y hay una necesidad urgente de adoptar reformas económicas estructurales«, destaca el informe.
El informe de DDHH sobre Venezuela también hace mención a los casos de violación de la libertad de expresión, los ataques contra miembros de la oposición, el uso excesivo de la fuerza y muertes en el contexto de las manifestaciones. En ese sentido, cita cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social sobre el total de manifestaciones que se produjeron en 2017 (9.787), 2018 (12.715) y los primeros cinco meses de 2019 (9.715).
La ACNUDH hace una un conjunto de recomendaciones y abre la posibilidad de aumentar la vigilancia, la documentación, el análisis y la presentación de informes públicos sobre la situación de los derechos humanos.
