El organismo internacional lamentó que además de la crítica situación de la democracia y los derechos políticos, la persecución a la disidencia en Venezuela y la crisis socioeconómica en la que está sumida el país, que incluye hiperinflación, escasez de alimentos, desabastecimiento de medicinas, insumos y materiales médicos, así como la precariedad de servicios como la energía eléctrica; la cual imposibilita a los venezolanos satisfacer sus necesidades más básicas de alimentación, vivienda, salud y educación.

La CIDH reiteró su disposición de visitar al país y colaborar con las recomendaciones del informe para el fortalecimiento de la defensa y protección de los derechos humanos en Venezuela.

Recomendaciones de la CIDH a Venezuela

• Ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconocer la competencia contenciosa de la Corte IDH.
• Revertir la decisión de retirarse de la OEA.
• Cumplir las recomendaciones, decisiones y sentencias de los órganos interamericanos de derechos humanos.
• Dar su anuencia para la realización de una visita a Venezuela para monitorear la situación general de los derechos humanos.
• Documentar las violaciones de derechos humanos y garantizar su correspondiente investigación.
• Adoptar legislación en materia de acceso a la información pública y datos oficiales.
• Dejar sin efectos todas aquellas medidas que obstaculicen el derecho de todas las personas a salir del territorio venezolano, así como a solicitar y recibir asilo, protección complementaria u otra forma de protección.

• Restablecer el orden constitucional, garantizando la independencia y equilibrio de poderes, la participación política sin discriminación de toda la población y el control ciudadano hacia la actuación de los distintos poderes del Estado.
• En cuanto a la independencia del Poder Judicial, adoptar medidas urgente para reducir significativamente el número de jueces provisorios y aumentar el de titulares.
• Abstenerse de realizar cualquier acto de hostigamiento o intimidación en el ejercicio de la función judicial.
• Adoptar medidas para garantizar la separación de poderes y el ejercicio de la Asamblea Nacional.
• Respecto a la Asamblea Nacional Constituyente, revertir las medidas que exceden las competencias de un órgano constituyente.
• En relación con el Consejo Nacional Electoral, tomar las medidas necesarias para asegurar su independencia, a través de la aplicación del mecanismo de elección y requisitos establecidos constitucionalmente.
• En cuanto a la Defensoría del Pueblo, adoptar las medidas necesarias para que contribuya a la protección efectiva de los derechos humanos.
• Respecto del Ministerio Público, implementar las medidas necesarias para que realice con eficiencia y eficacia su función de investigación.

 

Derechos políticos y participación en la vida pública

•  Garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos a todas las personas.
• Promover espacios de control ciudadano permanente en todos los procesos electorales.
• Adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos políticos de alcaldes, gobernadores, diputados y cualquier otra autoridad.
• Abstenerse de ejercer represalias o utilizar el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política.
• Propiciar un clima de tolerancia en el cual se favorezca la activa participación e intercambio de ideas de los diversos sectores de la sociedad.
• Abstenerse de hacer declaraciones que estigmaticen a líderes y miembros de la oposición.

•  Adecuar la legislación interna conforme a los parámetros establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.
• Manifestar la condena pública de los actos de violencia contra los comunicadores sociales y medios de comunicación.
• Abstenerse de utilizar mecanismos de presión directa o indirecta dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores.
• Archivar los procesos judiciales en contra de periodistas y medios de comunicación que hayan sido iniciados para reprimir, sancionar y castigar el derecho a la libertad de expresión, y que no tengan sustento.
• Asegurar que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que generan un ambiente de intimidación que limite el derecho a la libertad de expresión.
• Adoptar legislación en materia de acceso a la información pública.

•  Remover los obstáculos al ejercicio legítimo del derecho a la protesta.
• Garantizar el ejercicio del derecho de reunión y manifestación pacífica.
• Adoptar de manera inmediata y decidida medidas para excluir la participación de militares y fuerzas armadas de los operativos de manejo de manifestaciones públicas.
• Tomar medidas de distinta índole para que las armas de fuego estén excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales.
• Realizar de manera inmediata las investigaciones correspondientes a las muertes ocurridas en el marco de las manifestaciones.
• Detener todos los actos de represión contra las manifestaciones pacíficas.
• Adoptar todas las medidas a fin de garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a participar en manifestaciones.
• Adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para proteger el derecho a la vida y a la integridad personal de niños, niñas y adolescentes en el marco de las protestas sociales.
• Tomar las medidas para asegurar que las autoridades no manipulen el poder punitivo para castigar o inhibir la protesta social.
• Liberar a todas las personas detenidas y/o procesadas sólo por el hecho de haber ejercido el derecho a la protesta social.
• Garantizar las condiciones para que los defensores de derechos humanos realicen libremente sus actividades sin temor a intimidación y represalias.
• Abstenerse de efectuar detenciones ilegales o arbitrarias.
• Adoptar medidas urgentes y necesarias para que cese la utilización de dependencias policiales como lugares de alojamiento permanente de personas.
• Adoptar acciones concretas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad y en particular, tomar medidas orientadas a prevenir y controlar los posibles brotes de violencia en las cárceles o centros de privación de libertad.
• Abstenerse de realizar cualquier acto de tortura; tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y cualquier tipo de violencia sexual en contra de las personas detenidas.
• Tomar las medidas necesarias para que personas civiles no sean investigadas, procesadas y/o juzgadas por la jurisdicción penal militar y de ser el caso, reconducir procesos en curso a la vía ordinaria.

•  Adoptar medidas integrales para reducir los índices de violencia e inseguridad.
• Reformular las políticas y prácticas de las fuerzas de seguridad en relación con operaciones de control ciudadano, a fin de que se inscriban en un marco de respeto a los derechos humanos.
• Capacitar a los servidores públicos encargados de tareas de orden público en temas de protección y respeto a los derechos humanos.
• Asegurarse de hacer uso de la fuerza en estricto cumplimiento de los principios de excepcionalidad, legalidad, necesidad, proporcionalidad, no discriminación y rendición de cuentas.
• Adoptar de manera inmediata y decidida medidas para excluir la participación de militares y fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana.
• Reservar su uso y delimitar temporalmente los estados de excepción para situaciones de extrema gravedad y real excepcionalidad.
• Cesar el involucramiento de personas civiles en tareas de seguridad y, en particular, prohibir que civiles con entrenamiento militar sean incorporados a las estrategias de defensa interna.
• Abstenerse de brindar cualquier tipo de apoyo a los colectivos civiles.
• Prevenir y condenar todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres.
• Tipificar adecuadamente el delito de trata de personas, de conformidad con las normas y estándares regionales e internacionales en materia de derechos humanos.
• El Ministerio Público debe contar con un registro actualizado de denuncias de casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes que sea de acceso público.
• Adoptar e implementar políticas públicas integrales orientadas a asegurar que las personas detenidas en cualquier centro de privación de libertad, sean recluidas en condiciones dignas.

•  Intensificar las medidas adoptadas para reducir la situación de pobreza y pobreza extrema.
• Abstenerse de realizar cualquier acto que suponga un trato distinto por razones de opinión política en el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
• Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que los recursos disponibles se utilizan de manera prioritaria.
• Adoptar medidas para atender la grave crisis económica y social.
• Adoptar medidas para optimizar el funcionamiento de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción de manera que se garantice de manera más efectiva el derecho a la alimentación.
• Tomar acciones de manera urgente para garantizar adecuadamente el derecho a la alimentación de las personas privadas de libertad.
• Monitorear periódicamente el estado nutricional de la población.
• Adoptar medidas para garantizar la disponibilidad y calidad de los servicios de salud.
• Priorizar la adopción de las medidas que resulten necesarias para asegurar a las mujeres y las niñas el disfrute de sus derechos sexuales y reproductivos, así como la prevención de los embarazos no deseados y la atención de las víctimas de violencia sexual.
• Monitorear la disponibilidad y acceso de la población a medicinas y servicios de salud.
• Garantizar el derecho a la salud y la vida de las personas viviendo con VIH/sida.
• Tomar las acciones necesarias para garantizar de manera efectiva el acceso y la calidad del derecho a la educación.
• Incrementar la inversión en la educación básica.
• Recabar y publicar periódicamente información relativa al nivel de matriculación, el ausentismo y la deserción, así como resultados de calidad educativa.
• Abstenerse de cualquier acción o conducta que pueda limitar la autonomía de las universidades.
• Adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad jurídica de la tenencia de viviendas.
• Atender la situación de las comunidades afectadas por la crecida del Lago Valencia y los riesgos de su muro de contención.
• Favorecer los mecanismos de participación y rendición de cuentas sobre políticas públicas.

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Prensa OVCS