(Caracas, 27.01.23) El OVCS y el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) presentaron un balance sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, durante su visita a Caracas, el 26 de enero de 2023.
Junto a las principales organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos de Venezuela, plantearon preocupaciones en torno a la situación del cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela y como afecta la defensa y exigencia de derechos.

«En los últimos 10 años el OVCS registró más de 90.000 protestas pacíficas
en todo el país. Actualmente los venezolanos se mantienen en las calles
exigiendo la reivindicación de sus derechos.
Solo en el mes de enero de 2023 se han registrado más de 500
manifestaciones, 90% en exigencia de derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales. La respuesta del Estado ha sido la criminalización,
represión, persecución y control social. En síntesis, afectaciones y reducción
del espacio cívico y democrático.
Esta situación también ha derivado en 2.050 agresiones y limitaciones a
quienes defienden, exigen y defienden derechos en los últimos 6 años, de
acuerdo a la documentación del CDJ, evidenciando el agravamiento de la
Política de Criminalización bajo la lógica del enemigo interno.
Nos preocupan los patrones represivos que han afectado gravemente a
distintos actores de la sociedad civil que incluyen organizaciones de
derechos humanos, personas defensoras, manifestantes pacíficos, actores
humanitarios, líderes sociales, trabajadores, entre otros.
En un entorno cada vez más adverso y hostil, donde además nos
aproximamos a un contexto de eventos electorales, quienes defienden,
exigen y promueven derechos se enfrentan a graves riesgos asociados a la
criminalización como: judicialización, fiscalización, allanamientos,
detenciones arbitrarias desapariciones forzadas, violencia física, entre otro
tipo de represalias. Siempre enmarcado en un discurso descalificatorio y
precedido por actos de intimidación, hostigamiento, el aumento del uso del
derecho penal para perseguir y los señalamientos públicos por el solo hecho
de denunciar y cooperar con los Sistemas Internacionales de Protección de
Derechos Humanos.
Le pedimos se mantenga alerta e interceda ante los intentos de obstaculizar
el trabajo de las organizaciones mediante leyes restrictivas, especialmente
el proyecto de ley de fiscalización, actualización y financiamiento de las
ONG, aprobado esta semana en primera discusión. El Estado busca
controlar discrecionalmente, así como criminalizar a las organizaciones,
pudiendo limitarse aún más arbitrariamente su labor, y afectaría su
operatividad en el marco de la legalidad, así como también comprometería
los derechos de las víctimas.
La Política de Criminalización y represión, genera además un efecto
atemorizante que tiene como fin neutralizar actividades legítimas y
amparadas por el derecho internacional, como lo son el derecho a
manifestar, expresarse, asociarse, exigir y defender derechos humanos.
Es necesario que en Venezuela se garantice y respete el espacio cívico, y
que la defensa y exigencia de derechos pueda hacerse en entornos
propicios y seguros por ello le pedimos que exija al Estado venezolano:
- Se abstenga de cometer cualquier tipo de represalia en contra los
defensores y víctimas que cooperen con la Oficina en el marco de su
visita. - Cese de forma inmediata todos los actos de criminalización,
intimidación, hostigamiento, estigmatización, agresión y persecución
en contra de quienes defienden, exigen y promueven derechos. - Se abstenga de imponer restricciones y limitaciones arbitrarias a la
posibilidad de asociarse, manifestar y reunirse libremente. - Se deroguen las normas que criminalizan la protesta y exigencia de
derechos.» Palabras de la Dra. Marianna Romero, Directora del CDJ.