CIDH exige restablecimiento del orden constitucional en Venezuela

CIDH exige restablecimiento del orden constitucional en Venezuela

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó de nuevo su preocupación por la violación del orden constitucional en Venezuela.
Su más reciente informe, dado a conocer el 12 de febrero de 2018, “Institucionalidad democrática, Estado de derecho y derechos humanos en Venezuela” destaca la grave crisis política, económica y social que atraviesa el país desde 2015, con mayor énfasis en 2017.
Cuestiona la injerencia del Poder Ejecutivo en los otros poderes públicos, y cita por ejemplo en la actuación del Poder Judicial en los dos últimos años. “El agravamiento de la crisis se relaciona estrechamente con una serie de decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo de Justicia, que representaron injerencias en la Asamblea Nacional y afectaron el princpio de separación de poderes”, reseña el texto.
Para la CIDH, la postura del Poder Judicial y Ejecutivo contra el Legislativo, de mayoría opositora, ha estado acompañada de la falta de independencia del Consejo Nacional Electoral, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
En tal sentido, exhortó al Estado a adoptar medidas inmediatas para restablecer el orden constitucional, garantizar la separación de poderes y el ejercicio adecuado de la Asamblea Nacional. De igual forma, solicitó revertir las medidas de la Asamblea Nacional Constituyente que afectan el principio de separación de poderes y la democracia representativa.
El organismo internacional lamentó que además de la crítica situación de la democracia y los derechos políticos, la persecución a la disidencia en Venezuela y la crisis socioeconómica en la que está sumida el país, que incluye hiperinflación, escasez de alimentos, desabastecimiento de medicinas, insumos y materiales médicos, así como la precariedad de servicios como la energía eléctrica; la cual imposibilita a los venezolanos satisfacer sus necesidades más básicas de alimentación, vivienda, salud y educación.
La CIDH reiteró su disposición de visitar al país y colaborar con las recomendaciones del informe para el fortalecimiento de la defensa y protección de los derechos humanos en Venezuela.
Recomendaciones de la CIDH a Venezuela
1. Ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconocer la competencia contenciosa de la Corte IDH.
2. Revertir la decisión de retirarse de la OEA.
3. Cumplir las recomendaciones, decisiones y sentencias de los órganos interamericanos de derechos humanos.
4. Dar su anuencia para la realización de una visita a Venezuela para monitorear la situación general de los derechos humanos.
5. Documentar las violaciones de derechos humanos y garantizar su correspondiente investigación.
6. Adoptar legislación en materia de acceso a la información pública y datos oficiales.
7. Dejar sin efectos todas aquellas medidas que obstaculicen el derecho de todas las personas a salir del territorio venezolano, así como a solicitar y
recibir asilo, protección complementaria u otra forma de protección.
Institucionalidad democrática
1. Restablecer el orden constitucional, garantizando la independencia y
equilibrio de poderes, la participación política sin discriminación de
toda la población y el control ciudadano hacia la actuación de los
distintos poderes del Estado.
2. En cuanto a la independencia del Poder Judicial, adoptar medidas urgentes
para reducir significativamente el número de jueces provisorios y
aumentar el de titulares.
3. Abstenerse de realizar cualquier acto de hostigamiento o intimidación
en el ejercicio de la función judicial.
4. Adoptar medidas para garantizar la separación de poderes y el
ejercicio de la Asamblea Nacional.
5. Respecto a la Asamblea Nacional Constituyente, revertir las medidas que
exceden las competencias de un órgano constituyente.
6. En relación con el Consejo Nacional Electoral, tomar las medidas necesarias
para asegurar su independencia, a través de la aplicación del mecanismo de
elección y requisitos establecidos constitucionalmente.
7. En cuanto a la Defensoría del Pueblo, adoptar las medidas necesarias para
que contribuya a la protección efectiva de los derechos humanos.
8. Respecto del Ministerio Público, implementar las medidas necesarias para
que realice con eficiencia y eficacia su función de investigación.
Derechos políticos y participación en la vida pública
1. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos a todas las personas.
2. Promover espacios de control ciudadano permanente en todos los procesos
electorales.
3. Adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos políticos de
alcaldes, gobernadores, diputados y cualquier otra autoridad.
4. Abstenerse de ejercer represalias o utilizar el poder punitivo del Estado
para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política.
5. Propiciar un clima de tolerancia en el cual se favorezca la activa
participación e intercambio de ideas de los diversos sectores de la
sociedad.
6. Abstenerse de hacer declaraciones que estigmaticen a líderes y
miembros de la oposición.
Libertad de expresión y protesta social
1. Adecuar la legislación interna conforme a los parámetros establecidos en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración de
Principios sobre Libertad de Expresión.
2. Manifestar la condena pública de los actos de violencia contra los comunicadores sociales y medios de
comunicación.
3. Abstenerse de utilizar mecanismos de presión directa o indirecta dirigidas
a silenciar la labor informativa de los comunicadores.
4. Archivar los procesos judiciales en contra de periodistas y medios de
comunicación que hayan sido iniciados para reprimir, sancionar y castigar
el derecho a la libertad de expresión, y que no tengan sustento.
5. Asegurar que los funcionarios públicos se abstengan de realizar
declaraciones que generan un ambiente de intimidación que limite el
derecho a la libertad de expresión.
6. Adoptar legislación en materia de acceso a la información pública.
Protesta social
1. Remover los obstáculos al ejercicio legítimo del derecho a la protesta.
2. Garantizar el ejercicio del derecho de reunión y manifestación pacífica.
3. Adoptar de manera inmediata y decidida medidas para excluir la participación de militares y fuerzas armadas de los operativos de manejo de manifestaciones públicas.
4. Tomar medidas de distinta índole para que las armas de fuego estén excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales.
5. Realizar de manera inmediata las investigaciones correspondientes a las muertes ocurridas en el marco de las manifestaciones.
6. Detener todos los actos de represión contra las manifestaciones pacíficas.
7. Adoptar todas las medidas a fin de garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a participar en manifestaciones.
8. Adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para proteger el derecho a la vida y a la integridad personal de niños, niñas y adolescentes
en el marco de las protestas sociales.
9. Tomar las medidas para asegurar que las autoridades no manipulen el poder punitivo para castigar o inhibir la protesta social.
10. Liberar a todas las personas detenidas y/o procesadas sólo por el hecho de haber ejercido el derecho a la protesta social.
11. Garantizar las condiciones para que los defensores de derechos humanos realicen libremente sus actividades sin temor a intimidación y
represalias.
12. Abstenerse de efectuar detenciones ilegales o arbitrarias.
13. Adoptar medidas urgentes y necesarias para que cese la utilización de dependencias policiales como lugares de alojamiento permanente de
personas.
14. Adoptar acciones concretas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad y en particular,
tomar medidas orientadas a prevenir y controlar los posibles brotes de violencia en las cárceles o centros de privación de libertad.
15. Abstenerse de realizar cualquier acto de tortura; tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y cualquier tipo de violencia sexual en contra de
las personas detenidas.
16. Tomar las medidas necesarias para que personas civiles no sean investigadas, procesadas y/o juzgadas por la jurisdicción penal militar y de ser el caso, reconducir procesos en curso a la vía ordinaria.
Violencia y seguridad ciudadana
1. Adoptar medidas integrales para reducir los índices de violencia e inseguridad.
2. Reformular las políticas y prácticas de las fuerzas de seguridad en relación con operaciones de control ciudadano, a fin de que se inscriban en un
marco de respeto a los derechos humanos.
3. Capacitar a los servidores públicos encargados de tareas de orden público en temas de protección y respeto a los derechos humanos.
4. Asegurarse de hacer uso de la fuerza en estricto cumplimiento de los principios de excepcionalidad, legalidad, necesidad, proporcionalidad, no
discriminación y rendición de cuentas.
5. Adoptar de manera inmediata y decidida medidas para excluir la participación de militares y fuerzas armadas en tareas de seguridad
ciudadana.
6. Reservar su uso y delimitar temporalmente los estados de excepción para situaciones de extrema gravedad y real excepcionalidad.
7. Cesar el involucramiento de personas civiles en tareas de seguridad y, en particular, prohibir que civiles con entrenamiento militar sean
incorporados a las estrategias de defensa interna.
8. Abstenerse de brindar cualquier tipo de apoyo a los colectivos civiles.
9. Prevenir y condenar todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres.
10. Tipificar adecuadamente el delito de trata de personas, de conformidad con las normas y estándares regionales e internacionales en materia de derechos humanos.
11. El Ministerio Público debe contar con un registro actualizado de denuncias de casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes que sea de acceso público.
12. Adoptar e implementar políticas públicas integrales orientadas a asegurar que las personas detenidas en cualquier centro de privación de libertad,
sean recluidas en condiciones dignas.
Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
1. Intensificar las medidas adoptadas para reducir la situación de pobreza y
pobreza extrema.
2. Abstenerse de realizar cualquier acto que suponga un trato distinto por razones de opinión política en el ejercicio de los derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales.
3. Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que los recursos disponibles se utilizan de manera prioritaria.
4. Adoptar medidas para atender la grave crisis económica y social.
5. Adoptar medidas para optimizar el funcionamiento de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción de manera que se garantice de manera
más efectiva el derecho a la alimentación.
6. Tomar acciones de manera urgente para garantizar adecuadamente el derecho a la alimentación de las personas privadas de libertad.
7. Monitorear periódicamente el estado nutricional de la población.
8. Adoptar medidas para garantizar la disponibilidad y calidad de los servicios de salud.
9. Priorizar la adopción de las medidas que resulten necesarias para asegurar a las mujeres y las niñas el disfrute de sus derechos sexuales y
reproductivos, así como la prevención de los embarazos no deseados y la atención de las víctimas de violencia sexual.
10. Monitorear la disponibilidad y acceso de la población a medicinas y servicios de salud.
11. Garantizar el derecho a la salud y la vida de las personas viviendo con VIH/sida.
12. Tomar las acciones necesarias para garantizar de manera efectiva el acceso y la calidad del derecho a la educación.
13. Incrementar la inversión en la educación básica.
14. Recabar y publicar periódicamente información relativa al nivel de matriculación, el ausentismo y la deserción, así como resultados de calidad
educativa.
15. Abstenerse de cualquier acción o conducta que pueda limitar la autonomía de las universidades.
16. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad jurídica de la tenencia de viviendas.
17. Atender la situación de las comunidades afectadas por la crecida del Lago Valencia y los riesgos de su muro de contención.
18. Favorecer los mecanismos de participación y rendición de cuentas sobre políticas públicas.
Prensa OVCS

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