El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó un total de 401 protestas en Venezuela durante el mes de enero de 2025, lo que equivale a un promedio de 13 manifestaciones diarias.
Esta cifra representa una disminución del 16% en comparación con el mismo período del año anterior, cuando se registraron 478 protestas. A pesar de esta reducción, la conflictividad social sigue siendo un reflejo del descontento ciudadano frente a la crisis política, económica y social que atraviesa el país.
Dentro del total de manifestaciones, la mayoría estuvo relacionada con la exigencia de Derechos Civiles y Políticos (DCP). En enero de 2025, se documentaron 305 protestas vinculadas a esta categoría, lo que representa un 76% del total. Este número refleja un incremento del 73% en comparación con el mismo mes del año anterior, lo que evidencia un incremento en las demandas ciudadanas por condiciones democráticas, transparencia electoral y el respeto a las libertades fundamentales.
Los derechos civiles y políticos en Venezuela continúan siendo una prioridad para la población, las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional. Las manifestaciones han servido como una herramienta de denuncia ante la persistencia de violaciones a estos derechos y también como un mecanismo de presión para exigir el restablecimiento de las garantías democráticas.
Por otro lado, el OVCS registró 96 protestas relacionadas con la exigencia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), lo que representa el 24% del total de manifestaciones. Esta categoría de protestas ha sido impulsada principalmente por sectores laborales que enfrentan condiciones económicas cada vez más precarias.
La inflación y la depreciación de la moneda han afectado drásticamente el poder adquisitivo de los trabajadores, lo que ha generado un malestar generalizado y una presión creciente sobre el gobierno para que adopte medidas económicas que alivien la crisis.
El colapso de los servicios básicos también ha sido un detonante importante de la conflictividad social. Vecinos, usuarios de centros de salud y miembros de comunidades educativas han protagonizado protestas para denunciar la falta de acceso a agua potable, electricidad y gas doméstico, así como el deterioro de las infraestructuras públicas. Las fallas en estos servicios esenciales han tenido consecuencias graves en la salud pública y en la calidad de vida de los ciudadanos, afectando especialmente a los sectores más vulnerables.
El saneamiento ambiental es otro de los aspectos críticos que han generado manifestaciones. La acumulación de desechos, el colapso del sistema de recolección de basura y la contaminación de fuentes de agua han provocado serios problemas de salud, exacerbando la propagación de enfermedades y agravando la crisis humanitaria que enfrenta el país.
Distribución Geográfica de las protestas durante enero de 2025
El estado Bolívar lideró el índice de protestas con 51, seguido por Táchira (38), Carabobo (35). En contraste, los estados que registraron el menor número de manifestaciones fueron Yaracuy (2), Amazonas y Apure (3). Estos datos reflejan la distribución de la conflictividad social a lo largo del territorio nacional.
Caracterizando las manifestaciones pacíficas en enero de 2025
- Predominio de protestas por Derechos Civiles y Políticos (DCP): se documentaron 305 manifestaciones relacionadas con la exigencia de derechos civiles y políticos, lo que representa el 76% del total de protestas registradas en enero.
- Afectos a la oposición política atendieron la convocatoria realizada por María Corina Machado y se movilizaron en distintas ciudades del país para rechazar la juramentación de Nicolás Maduro como presidente de la República.
- Estudiantes universitarios se sumaron a las protestas políticas a través de la exhibición de pancartas y otras formas de manifestación creativa. Las universidades se convirtieron en escenarios de debate y movilización en defensa de la democracia y los derechos fundamentales.
- Simpatizantes del gobierno tomaron las calles de forma masiva en apoyo a la juramentación de Nicolás Maduro en la presidencia. Además, conmemoraron el 23 de enero, día nacional de la democracia en Venezuela, con actos políticos y manifestaciones en defensa de la soberanía nacional y la paz.
- Se registraron al menos 36 protestas reprimidas en 16 estados del país, dejando un saldo de 2 heridos y 15 detenidos durante el primer mes del año.
- El movimiento de derechos humanos rechazó la detención y desaparición forzada del activista Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, quien fue liberado días después. Adicionalmente, organizaciones defensoras exigieron justicia, información oportuna y medidas de protección para quienes defienden derechos humanos en Venezuela, denunciando la sistemática persecución de activistas y periodistas.
- Familiares de personas detenidas durante las manifestaciones postelectorales denunciaron abusos contra los derechos humanos, exigiendo investigaciones exhaustivas, debido proceso y la liberación inmediata de los detenidos.
- Trabajadores del sector educación, incluyendo docentes, personal administrativo y jubilados, protagonizaron diversas protestas para exigir mejoras salariales, condiciones laborales dignas y el respeto a sus derechos contractuales.
- La precariedad de los servicios públicos continúa siendo un factor determinante en la conflictividad social. La falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades ha agravado la crisis del acceso al agua potable, electricidad, transporte y gas doméstico, lo que ha generado múltiples manifestaciones en distintas regiones del país.
- La comunidad indígena del pueblo Yekuana, en el estado Amazonas, denunció ataques por oponerse a la minería ilegal. Los líderes indígenas exigen acciones concretas por parte del Ministerio Público para frenar la explotación ilegal y garantizar la protección de sus derechos ancestrales.
Modalidades de protestas más frecuentes durante enero de 2025
Las concentraciones continúan siendo la forma de protesta predominante en Venezuela, representando el 69% del total de manifestaciones documentadas. Esta tendencia demuestra la preferencia de los ciudadanos por reuniones masivas en espacios públicos para expresar sus demandas, ya sea en plazas, instituciones gubernamentales o vías estratégicas.
En segundo lugar, se ubicaron las marchas, que representaron una modalidad clave de movilización social, permitiendo a los manifestantes recorrer distintas zonas para visibilizar sus exigencias y generar mayor impacto mediático.
Protestas combinadas
Un aspecto relevante de la conflictividad en enero de 2025 fue la combinación de demandas en un mismo evento de protesta. De las 401 manifestaciones registradas, 152 fueron de naturaleza combinada, es decir, incluyeron exigencias relacionadas con más de un derecho simultáneamente. Este fenómeno representó el 38% del total de protestas documentadas, evidenciando la interconexión de los reclamos ciudadanos y la profundización de la crisis social y política en Venezuela.
En este tipo de manifestaciones, se observó la convergencia de exigencias económicas, sociales y políticas, con trabajadores, estudiantes y activistas uniéndose para denunciar tanto el deterioro de las condiciones de vida como la falta de garantías democráticas.
Derechos más exigidos en protestas durante enero 2025
Protestas por Derechos Civiles y Políticos
Derechos civiles y políticos más exigidos durante enero de 2025 el derecho a la participación política (284), el derecho a la justicia (86) y el derecho a la manifestación pacífica (79).
Derechos políticos
El derecho a la participación política se consolidó como la principal exigencia ciudadana durante enero de 2025, con un total de 284 protestas, lo que representa el 70% de todas las manifestaciones registradas en el país. En un contexto marcado por una fuerte presencia militar y policial, la mayoría de estas protestas tuvieron como objetivo el rechazo a la juramentación de Nicolás Maduro como presidente reelecto.
La comunidad universitaria tuvo una participación activa en estas manifestaciones, con estudiantes de distintas regiones del país organizando concentraciones, marchas y protestas creativas con pancartas y expresiones artísticas para manifestar su descontento. Estas acciones reflejan el papel protagónico de la juventud en la defensa de los valores democráticos y la exigencia de condiciones justas para el ejercicio de los derechos políticos.
Por otro lado, personas afectas al gobierno participaron en numerosas movilizaciones en respaldo a la juramentación de Nicolás Maduro en la presidencia de la República. También, organizaron movilizaciones para conmemorar el 23 de enero, día de la democracia en Venezuela.
Derecho a la justicia
El OVCS documentó 86 protestas por el derecho a la justicia. Estas movilizaciones fueron lideradas en su mayoría por familiares de presos políticos y activistas de derechos humanos, quienes reclamaron la liberación inmediata de personas detenidas en el contexto de las protestas postelectorales.
Las personas detenidas y sus familiares exigieron garantías del debido proceso judicial y denunciaron condiciones infrahumanas en los centros de reclusión.
Derecho a la manifestación pacífica
El derecho a la manifestación pacífica ha sido una de las principales demandas de la ciudadanía. Durante enero de 2025, se registraron 79 protestas exigiendo el respeto a este derecho fundamental, lo que representa una parte significativa del total de manifestaciones documentadas en el país.
Estas protestas han surgido como respuesta a una preocupante escalada de detenciones arbitrarias, persecución política y represión estatal, acciones que han limitado de manera sistemática el derecho a la protesta. Diversos sectores de la sociedad, incluyendo defensores de derechos humanos, sindicatos, movimientos estudiantiles y organizaciones civiles, han denunciado estas prácticas y exigido garantías para el ejercicio y exigencias de derechos sin represalias.
Represión contra las protestas de enero 2025
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó la represión de 36 protestas en 16 estados del país durante el mes de enero de 2025. Como resultado de estas acciones represivas, al menos 2 personas resultaron heridas y 15 fueron detenidas, lo que refleja un patrón de criminalización de la protesta y de restricciones al derecho a la manifestación pacífica.
Desde los primeros días del año, la presencia militar y policial fue altamente visible en distintas ciudades de Venezuela, con operativos desplegados en calles y avenidas clave, especialmente en aquellos espacios tradicionalmente utilizados por la ciudadanía para exigir derechos políticos y sociales.
Distribución geográfica de represión
El estado Aragua lideró el índice de protestas reprimidas con 7, seguido de Carabobo (6), Miranda y Vargas con 3, respectivamente.
Protestas en contra de los Cuerpos de Seguridad
En enero, se registraron al menos 4 manifestaciones en rechazo a los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado. Estas protestas tuvieron lugar en 3 entidades del país.
Es importante destacar que estas manifestaciones reflejan una preocupación ciudadana por la actuación de los principales cuerpos de seguridad del Estado. Las denuncias se centraron en tres ejes fundamentales:
- Tratos crueles o degradantes hacia la ciudadanía
- Prácticas de corrupción institucional
- Casos de abuso de poder y autoridad
Este patrón de protestas sugiere una creciente tensión en la relación entre las fuerzas de seguridad y la población civil, particularmente en centros urbanos importantes como el Distrito Capital.
Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)
Durante el primer mes del año 2025, las protestas relacionadas con los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) estuvieron principalmente enfocadas en la exigencia de derechos laborales (60 protestas) y el derecho a una vivienda digna (29 protestas).
Derechos laborales
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó un total de 60 protestas en demanda de derechos laborales durante enero. Trabajadores, sindicalistas, jubilados y pensionados se movilizaron para exigir mejoras salariales sustanciales que se reflejen en el cálculo de la antigüedad y otros beneficios laborales. La principal demanda fue la revalorización de los salarios y pensiones, con el objetivo de garantizar un ingreso digno que les permita hacer frente al alto costo de vida.
Trabajadores que más protestaron en enero 2025
Los empleados públicos, en su mayoría del sector educativo, se sumaron a las manifestaciones exigiendo aumentos salariales y pensiones dignas para jubilados. Además, denunciaron las precarias condiciones de infraestructura en centros educativos y los desafíos que enfrentan para cumplir con sus jornadas laborales debido a la falta de recursos. También se reportaron casos de suspensión de salarios a docentes y administrativos, lo que generó un mayor descontento y movilización en el sector.
Derecho a la vivienda
Durante enero de 2025, el OVCS documentó 29 protestas relacionadas con el derecho a la vivienda, lo que representa el 7% del total de manifestaciones registradas.
Por otro lado, también se registraron protestas en exigencia de servicios básicos, evidenciando la persistencia de problemas estructurales en el país. La falta de soluciones efectivas ha generado un deterioro en la calidad de vida de las familias venezolanas.
A pesar de una disminución en la cantidad de protestas relacionadas con la prestación de servicios básicos, esto no implica una solución definitiva a las problemáticas. La persistencia de deficiencias en el suministro de agua potable, electricidad, gas doméstico y la recolección de desechos sigue afectando gravemente a numerosos sectores del país.
Continúa la erosión del espacio cívico y democrático
Las cifras y patrones documentados por el OVCS durante enero de 2025 revelan la profundización de la crisis del sistema democrático venezolano, caracterizada por movilizaciones en rechazo a la juramentación presidencial y la sistemática represión de la protesta social.
Un aspecto importante que se debe resaltar es el predominio de manifestaciones relacionadas con derechos civiles y políticos (76% del total) que no solo evidencia la prioridad y valor que la ciudadanía otorga a la recuperación democrática, sino también refleja la percepción generalizada de una ruptura del orden constitucional y el desconocimiento de la voluntad popular ejercida con el voto.
La respuesta estatal ante el descontento ciudadano ha seguido un patrón preocupante de militarización y criminalización, ejemplificado en las 36 protestas reprimidas que dejaron un saldo de heridos y detenidos. El caso emblemático de la detención arbitraria del defensor de derechos humanos Carlos Correa ilustra la escalada en la persecución contra defensores, periodistas, trabajadores, sindicalistas y activistas políticos, señalando un deterioro acelerado del espacio cívico y una estrategia sistemática de silenciamiento de voces críticas. Esta dinámica represiva, respaldada por la operación «Escudo Bolivariano», representa un mecanismo de control social que busca desarticular la movilización ciudadana y neutralizar cualquier forma de disidencia.
La convergencia de protestas por derechos civiles y políticos con demandas económicas y sociales (38% de protestas combinadas) demuestra la naturaleza multidimensional de la crisis venezolana. La precariedad en servicios básicos, el deterioro salarial y las deficiencias en vivienda no son meras consecuencias colaterales, sino manifestaciones de un modelo de gestión que ha impactado profundamente tanto las libertades fundamentales como las condiciones materiales de vida de la población.
La movilización ciudadana, expresada a través de protestas creativas y persistentes, especialmente desde el sector universitario, demuestra la vitalidad de las fuerzas democráticas. Sin embargo, el incremento en la represión y el cierre del espacio cívico plantean serios desafíos desde comienzos de año, sugiriendo la necesidad de mayor veeduría internacional y un replanteamiento de las estrategias de organización, participación política y exigencia de derechos.
