El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)
registró 2.383 protestas durante en el primer semestre de 2024, un
promedio de 13 diarias. Esta cifra representa una disminución del
45% en comparación con el mismo período del año pasado.
- Enero: (478) Trabajadores, jubilados y pensionados exigieron
salarios y pensiones dignas. - Febrero: (284) Detenciones arbitrarias a personas defensoras y
dirigentes sindicales, inhabilitaciones políticas, cierre de medios
de comunicación y expulsión de la Oficina del Alto Comisionado
ONU. - Marzo: (481) Aumentaron cacerolazos y protestas nocturnas en
reclamo a los constantes y extensivos cortes del servicio eléctrico. - Abril: (326) Trabajadores, familiares de lideres sindicales, activistas
políticos, defensores de derechos humanos y víctimas de
detenciones arbitrarias, denunciaron el cierre del espacio cívico
y democrático. - Mayo: (429) En el marco de la conmemoración del día internacional
del trabajador, integrantes de la sociedad civil, trabajadores,
jubilados y pensionados exigieron el cumplimiento de los artículos
80, 83, 86 y 91 de la CRBV. Por otra parte, el Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó la invitación a la Unión Europea (UE) como observadora en las elecciones de julio, a pesar de las críticas por parte de la comunidad internacional, en especial de los Gobiernos de Brasil y Colombia. - Junio: (385) Privados de libertad realizan huelga de hambre para
denunciar retardo procesal. Por otra parte, a pocas semanas de
las elecciones presidenciales ciudadanos, integrantes de partidos
políticos y defensores de derechos humanos exigen el cese a
las detenciones arbitrarias, persecución y criminalización contra
quienes denuncian o critican a la gestión de gobierno.
DESCA vs DCP
Durante los primeros seis meses del año se documentaron 1.666
protestas por la exigencia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales
y Ambientales (Desca), 70% del total general.
En primer lugar, están las protestas de vecinos inconformes con la falta
de garantías para el disfrute de una vivienda digna, adecuada y con
servicios básicos de calidad. En segundo lugar, los trabajadores de forma
pacífica cumplen tres años continuos protestando por un aumento
salarial ajustado a la realidad económica del país. Tales protestas son
acompañadas por jubilados y pensionados a la espera de pensiones
suficientes que les permitan cubrir sus gastos de salud, alimentación y
aseo personal.
En la actualidad, el salario mínimo es de 3,5 dólares mensuales, de
acuerdo con la tasa oficial, insuficientes para garantizar una vida digna.
Los Derechos Civiles y Políticos (DCP) fueron exigidos en 717
protestas, 30% de la cifra total.
Durante el primer semestre del año, el derecho a la justicia fue
exigido por simpatizantes de partidos políticos, defensores de
derechos humanos, personas privadas de libertad y sus familiares.
Seguidamente, el derecho a la participación política destacó en el
marco de las próximas elecciones presidenciales, siendo el Consejo
Nacional Electoral (CNE) foco de las exigencias para abrir nuevos
puntos de inscripción, la publicación del cronograma electoral, el
rechazo a inhabilitaciones políticas, persecución y detenciones
arbitrarias que impiden la libertad y derecho de elegir y ser elegido.
Por otra parte, el movimiento de derechos humanos elevó su voz
de alerta sobre dos proyectos legislativos que pueden limitar el
ejercicio de los derechos fundamentales para el espacio cívico
y democrático: “Ley de Cooperación Internacional” y “Ley de
fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las
organizaciones no gubernamentales y afines”.
Distribución Geográfica de las protestas durante el primer semestre de 2024
Durante el primer semestre de 2024, estados que encabezan el
índice de protestas: Bolívar (291), Anzoátegui (230), Sucre (224),
Falcón (133), y Carabobo (132). Las regiones con menos registros
de protestas fueron: Amazonas (3), Apure (11), y Delta Amacuro
(23).
Caracterización de la protesta durante el primer semestre de 2024
- Vivienda: Las protestas por una vivienda digna, asequible con
servicios de calidad, se ubicaron en el primer lugar del índice. - Trabajo: Protestas laborales se ubicaron el segundo lugar en el
índice. La principal exigencia es aumento de salario de acuerdo
con la realidad económica del país, rechazando la idea de
substituir el salario real por bonificaciones no establecidas en las
contrataciones colectivas. - Gasolina: Habitantes de 17 estados del país participaron en 48
protestas para exigir abastecimiento de combustible, además de
denunciar que tales limitaciones generan perdidas significativas
en sus actividades económicas y domésticas. - Seguridad social: Jubilados y pensionados participaron en 214
acciones de protesta para exigir aumento de las pensiones y el
cumplimiento de los artículos 80, 83, 86 y 91 de la CRBV. - Justicia: Destacaron las denuncias de las personas privadas de
libertad y sus familiares por retardo procesal. - Participación política: Jóvenes y opositores al gobierno exigen
al Consejo Nacional Electoral (CNE) garantías de un proceso
electoral transparente, justo y participativo, además de rechazar las inhabilitaciones políticas. - Libertades civiles: Defensores de derechos humanos alertan
sobre las restricciones al espacio cívico y democrático, así como la
posible aprobación de leyes que pretenden controlar y suprimir el
trabajo de las ONG en el país. - Libertad de asociación y de expresión: Sociedad civil denuncia la
propuesta de “Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones
similares”, la cual de entrar en vigor establecería la aplicación
de multas y detenciones a quienes participen en reuniones,
manifestaciones y organizaciones consideradas como fascistas
por las autoridades. - Represión: 30 protestas reprimidas en 15 estados del país, con
un saldo de 1 manifestante detenido y 4 heridos. - Protestas contra cuerpos de seguridad: El OVCS registró 74
protestas en 17 estados del país denunciando abuso de poder
cometidos por parte de representantes de cuerpos de seguridad
del Estado. - Salud: Trabajadores del sector de la salud, pacientes y familiares
protestan por las precarias condiciones de las instalaciones
hospitalarias y ausencia de especialistas. - Huelgas de Hambre: Se registraron 118 huelgas de hambre a nivel nacional, realizadas principalmente por personas privadas de libertad, en rechazo al retardo procesal y otras fallas del sistema penitenciario en el país.
Modalidades de protestas más frecuentes durante el primer semestre de 2024
Las concentraciones frente a las oficinas gubernamentales continúan
liderando las modalidades de protestas en Venezuela, 64% de todas
las registradas.
Importante resaltar las 118 huelgas de hambre registradas en el
semestre, revelando la preocupante radicalización de manifestantes,
debido a la falta de soluciones por parte de las autoridades. La
radicalización de las protestas fue realizada, principalmente, por
privados de libertad a nivel nacional, para exigir solución al retardo
procesal y el efectivo acceso a la justicia.
Protestas combinadas
De las 2.383 manifestaciones documentadas durante los tres primeros
seis meses del año, 1.312 fueron combinadas. En estas se exigió más
de un derecho en un mismo evento. Esto representó el 55% del total
registrado.
Derechos más exigidos en protestas durante el primer semestre 2024
Protestas por el derecho a la vivienda y el colapso de los servicios básicos
Durante los primeros seis meses del año, el OVCS documentó
aproximadamente 903 protestas por el derecho a la vivienda.
Principalmente, las relacionadas con reclamos por fallas de servicios
básicos.
Servicios básicos más exigidos
Electricidad: 397 protestas ante los cortes eléctricos constantes
y prolongados a nivel nacional, que se traducen en incomodidad y
limitaciones para el desarrollo de las actividades diarias. En consecuencia,
incrementa la pérdida de alimentos, deterioro y fallas irreparables a los
equipos y electrodomésticos e incluso afectando el servicio de salud.
Agua: 258 protestas que denunciaron la escasez de agua potable
obligando a las familias a pagar camiones cisternas o abastecerse
en tomas improvisadas con poca salubridad. Además, las fallas en el servicio del agua han llegado a causar la interrupción de tratamientos de diálisis, operaciones y otras especialidades médicas por falta del vital
líquido y electricidad en centros asistenciales.
Vialidad: 127 protestas que exigieron la pavimentación y mantenimiento
de las vías de comunicación terrestre en diversas regiones del país.
Distribución Geográfica de las protestas por gasolina
Habitantes de 17 estados del país participaron en 48 protestas para
exigir abastecimiento de combustible de forma regular y sin dolarización
de tarifas. Es importante destacar que las estaciones de servicio que
son subsidiadas son cada vez menos que cuando inició el plan de
surtimiento bajo esta nueva modalidad de dolarizadas y no dolarizadas.
Productores, agricultores, pescadores y transportistas denuncian que
la escasez de combustible continúa generando pérdidas para estos
sectores.
Derechos laborales
Durante el primer semestre del año se documentaron 748
protestas laborales, 33% del total general.
Esta cifra representa una disminución del 76% en comparación
con el mismo período del año pasado cuando ocurrieron 3.112
manifestaciones laborales. Durante este semestre se cumplieron 3
años de las protestas ininterrumpidas de docentes en rechazo a los
cambios en el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto
(Onapre) que impacta directamente en los salarios.
El gobierno venezolano no realizó el aumento del salario mínimo
exigido por trabajadores para el primero de mayo, Día internacional
de los rabajadores.
El incremento salarial fue sustituido por un aumento del Bono
contra la guerra económica, contrariando las demandas que a
diario realizan los trabajadores sobre recibir un salario suficiente
para cubrir la canasta básica con incidencias en los cálculos de
antigüedad, vacaciones y demás beneficios contemplados en las
contrataciones colectivas.
El salario mínimo mensual quedó estancado en 130 bolívares
-desde marzo de 2022-, o su equivalente a tasa oficial de 3,5
dólares.
Principales motivos de las protestas laborales
- Salario digno ajustado a la realidad económica dolarizada del país.
- Respeto a la libertad sindical, derecho a la asociación y
manifestación pacífica. - Rechazo a detenciones arbitrarias, amenazas y criminalización.
Protestas por derecho a la seguridad social
El OVCS documentó 247 protestas para exigir garantía del derecho
a la seguridad social.
Los jubilados y pensionados participaron activamente en
manifestaciones para alertar sobre las dificultades diarias que
enfrentan al intentar garantizar su alimentación, medicamentos y la
adquisición de artículos de primera necesidad. Resaltando que el
pago mensual es equivalente al salario mínimo, 130 bolívares.
En mayo el Gobierno nacional anunció la Ley de Protección de
las Pensiones de Seguridad Social. Se trata de un nuevo aporte
económico para las pensiones, a cargo sólo de las empresas
privadas.
Derechos civiles más exigidos en protestas
En el primer semestre del año el OVCS documentó 482 protestas
por justicia, derecho exigido por víctimas de detenciones arbitrarias,
por personas privadas de libertad y sus familiares, trabajadores,
familiares de lideres sindicales, activistas políticos y defensores de
derechos humanos.
En estos meses previos a las elecciones presidenciales aumentaron
las detenciones arbitrarias y represión selectiva a lideres sociales
y políticos, defensores de derechos humanos, trabajadores,
sindicalistas y periodistas.
Destacan las detenciones de la defensora de derechos humanos
Rocío San Miguel y del periodista y activista social Carlos Julio
Rojas. Así como la expulsión del país de los representantes de
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos.
El movimiento de los derechos humanos advierte sobre las
restricciones al espacio cívico y democrático, destacando las
amenazas a las que se expone la sociedad civil ante posible
aprobación de leyes que sugieren fiscalización y control de los
medios de comunicación, además de las acciones de las ONG, y la
restricción de los derechos a la manifestación pacífica, la libertad
de asociación, pensamiento y opinión.
Protestas por derecho a la participación política
Durante los primeros seis meses del año se documentaron 365
manifestaciones pacíficas vinculadas al derecho a la participación
política, protagonizadas principalmente por simpatizantes de
partidos opositores al gobierno, jóvenes y estudiantes universitarios.
Las manifestaciones se caracterizaron por el rechazo a la
inhabilitación política de algunos candidatos a las elecciones
presidenciales y denuncias por obstáculos en el proceso de
inscripción y actualización de datos en el registro electoral.
Durante enero y febrero se documentó la exigencia ciudadana que
establecía conocer el cronograma electoral, además de la activación
de puntos para actualización de datos en el Consejo Nacional
Electoral (CNE). Del mismo modo, se realizaron denuncias sobre
mensajes intimidantes y amenazas escritas en las paredes de las
sedes de partidos políticos de oposición y centros profesionales
en el que anunciaron la llamada “furia bolivariana”.
Para el mes de marzo se denunciaron irregularidades en la lentitud
en el proceso de inscripción, falta de comunicación e información
oportuna sobre el funcionamiento de las jornadas. Siendo notable
el rechazo a las inhabilitaciones políticas a opositores.
Desde el segundo trimestre del año se evidenció el aumento de
detenciones contra integrantes de partidos políticos de oposición.
El OVCS registró 90 protestas relacionadas a la exigencia del
derecho a la vida. Estas fueron protagonizadas principalmente por
familiares de víctimas.
Represión contra las protestas del primer semestre 2024
El OVCS documentó entre enero y junio de este año, aproximadamente
30 protestas reprimidas en 15 estados, con el saldo de 1 manifestante
detenido y 4 heridos.
Vecinos protestan contra cuerpos de seguridad
El OVCS registró 74 manifestaciones contra los cuerpos de seguridad
del Estado, en rechazo a maltratos, torturas, actos de corrupción y
abuso de poder ejercidos contra los habitantes de al menos 17 estados
del país durante operativos policiales y manifestaciones.
Un semestre de leyes restrictivas y desarrollo de un patrón de persecución
El OVCS exhorta a las autoridades, comunidad internacional y sociedad
civil a estar alertas y analizar los proyectos legislativos que pueden
limitar el ejercicio de los derechos fundamentales para el espacio cívico y
democrático: “Ley de Cooperación Internacional” y “Ley de fiscalización,
regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no
gubernamentales y afines”.
Adicionalmente, en el mes de abril, la Asamblea Nacional aprobó, en
primera discusión, el Proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo
y Expresiones Similares que fue presentado por miembros del partido
de gobierno PSUV para su aprobación. Esta propuesta representa otro
mecanismo de control ciudadano, limitando el derecho a la libertad
de expresión e incluso la participación política en manifestaciones
pacíficas, uso de redes sociales, entre otros. Su amplitud da un margen
de actuación que busca justificar la represión en la disidencia, ya
bastante marcada en el país.
Desde el OVCS expresamos nuestra preocupación por el desarrollo
de un patrón de persecución a la sociedad civil venezolana, con un
marcado repunte de la criminalización y reducción del espacio cívico
y democrático, que incluye el cierre de medios de comunicación,
represión selectiva a defensores de derechos humanos, activistas
políticos y sociales, dejando un saldo de al menos 60 personas detenidas
arbitrariamente durante el semestre.
Enfatizamos con mayor impacto aquellos eventos que atentan contra
las libertades democráticas como las detenciones de la defensora Rocío
San Miguel y del activista social y periodista, Carlos Julio Rojas.
En el transcurso del primer semestre Venezuela ha vivido una
precampaña electoral absolutamente desigual. En la que han sido
vulnerados los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación.
A pesar de esta situación, las protestas por derechos civiles y políticos
aumentaron durante estos seis meses.
Desde el OVCS exigimos al Estado venezolano poner fin al patrón
de persecución a lideres sociales y políticos, defensores de derechos
humanos y sindicalistas.
También exigimos al Estado venezolano garantizar un proceso electoral
libre, competitivo, participativo y transparente el próximo 28 de
julio, donde se respeten los resultados y la voluntad ciudadana en la
búsqueda de dignidad y estabilidad democrática.
