5.226 manifestaciones registradas durante 2024
Derechos políticos encabezaron las exigencias en 2024
Mujeres participaron en 96% de todas las protestas
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó 5.226 manifestaciones ciudadanas en todo el territorio nacional, entre enero y diciembre de 2024, equivalente a 15 diarias.
Esta cifra representa una disminución de 25% en comparación con el año 2023 cuando se documentaron 6.956.
Exigencias de derechos durante todo 2024
Se documentaron 2.722 protestas relacionadas con Derechos Civiles y Políticos (DCP), equivalente al 52% del total registrado. Adicionalmente, 2.508 protestas por Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), 48% del total.
Caracterización de la protesta en 2024
1. Destacanlas manifestaciones por Derechos Civiles y Políticos (DCP), 52% del total registrado.
2. Se documentaron 915 protestas en rechazo a los resultados oficiales de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
3. Represión: 226 protestas reprimidas en el país, con un saldo de 25 personas fallecidas y más de 2.000 detenidos. Principalmente en zonas populares y empobrecidas.
4. Escalada de represión y persecución a disidentes y manifestantes con operativos de seguridad ciudadana como la “Operación Tun Tun” y la activación de la “Furia Bolivariana”.
5. Familiares de detenidos en manifestaciones postelectorales protestaron exigiendo justicia, libertad y denunciando, torturas y malos tratos.
6. Mujeres participaron en 96% de las protestas.
7. Se documentaron 210 protestas contra cuerpos de seguridad del Estado.
8. Trabajadores venezolanos protestaron en 1.075 ocasiones.
9. Colapso de servicios básicos (agua, gas, electricidad),generan protestas a nivel nacional.
10. Fallas en la recolección de desechos sólidos y desbordamiento de aguas servidas, se agudizan generando descontento y enfermedades en los habitantes.
11. Sector salud: trabajadores, pacientes y familiares exigen mejoras en infraestructuras hospitalarias, así como insumos y equipos médicos.
12. Jubilados y pensionados participaron activamente en aproximadamente 310 protestas realizadas a nivel nacional.
13. Trabajadores del sector educación exigieron mejoras salariales y rechazaron la suspensión de salarios por laborar en más de una institución educativa.
14. Padres y representantes protestaron por mejoras en la infraestructura de centros educativos y exigieron reconocimiento de la importancia del trabajo de maestros y obreros.
15. Transportistas denunciaron dificultades con el abastecimiento de combustible.
Cronología de la protesta 2024
- Enero: (478) Trabajadores, jubilados y pensionados de la administración pública iniciaron una jornada nacional de protestas para reivindicar el valor de salario, las pensiones y demás beneficios laborales, así mismo rechazaron el anuncio presidencial de aumento del bono de guerra económica y no en el salario real.
- Febrero: (284) Aumento de detenciones arbitrarias de personas defensoras de derechos humanos y dirigentes sindicales, además de inhabilitaciones políticas, clausura de medios de comunicación y la expulsión de los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Venezuela.
- Marzo: (481) Se intensificaron los cacerolazos y las manifestaciones nocturnas en rechazo a los prolongados cortes eléctricos. Asimismo, partidos opositores denunciaron que varios de sus miembros fueron detenidos arbitrariamente.
- Abril: (326) La Asamblea Nacional aprobó, en primera discusión, el Proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares que fue presentado por miembros del partido de gobierno PSUV para su aprobación. Por otra parte, trabajadores, familiares de líderes sindicales, activistas políticos, defensores de derechos humanos y víctimas de detenciones arbitrarias alzaron la voz para denunciar el cierre del espacio cívico y democrático.
- Mayo: (429) En el marco del Día Internacional del Trabajador, se registraron protestas exigiendo la garantía de los artículos 80, 83, 86 y 91 de la Constitución. Por otra parte, el Consejo Nacional Electoral revocó la invitación a la Unión Europea para actuar como observadora en las elecciones presidenciales de julio, pese al rechazo de la comunidad internacional, especialmente de Brasil y Colombia.
- Junio: (385) A pocas semanas de las elecciones presidenciales, ciudadanos, miembros de partidos políticos y defensores de derechos humanos reclamaron el fin de las detenciones arbitrarias, la persecución y la criminalización de quienes critican o cuestionan la gestión gubernamental. Además, personas privadas de libertad iniciaron huelgas de hambre para denunciar retraso procesal.
- Julio: (1.311) Ola de protestas en rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por el Consejo Nacional electoral (CNE), dando como triunfador a Nicolás Maduro. Entre los días 29 y 30 de julio, el OVCS documentó 915 protestas ciudadanas en todo el país. Con un saldo de 138 protestas reprimidas, y en las que se observó la presencia de civiles armados, Colectivos, en al menos 119.
- Agosto: (413) Escalada de violencia y represión a nivel nacional por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, civiles armados (Colectivos) e integrantes del Sistema Popular de Protección para la Paz (Sp3) en contra de personas críticas, disidentes, activistas políticos y manifestantes. Con un saldo de más de 2.000 detenidos, según datos oficiales.
- Septiembre: (290) Madres, hermanas y esposas realizaron concentraciones exigiendo justicia y libertad de niños, jóvenes y adultos detenidos en el marco de las protestas postelectorales. A pesar de las medidas restrictivas del Estado, los venezolanos continuaron manifestándose pacíficamente, exigiendo el respeto a sus derechos y rechazando los resultados de las elecciones presidenciales anunciadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
- Octubre: (359) Concentraciones, huelgas de hambre y vigilias fueron las formas de expresión utilizadas por la sociedad para expresar su inconformidad y exigir cambios, condiciones laborales dignas y acceso a servicios básicos, que garanticen la calidad de vida de los ciudadanos.
- Noviembre: (249) Manifestantes exigen de manera pacífica respecto a los derechos y la liberación de los detenidos durante protestas postelectorales, claman se garantice el respeto a los derechos humanos, independientemente de su postura política, y se busque soluciones pacíficas y democráticas a la situación actual en el país.
- Diciembre: (221) Trabajadores de la administración pública, jubilados y pensionados protestan frente al Ministerio Público al cumplirse 1.000 días sin aumento de pensiones y salario mínimo (fijados ambos en 130 bolívares mensuales, equivalentes a 2,66 dólares). Continuaron las protestas y vigilias de madres, esposas y familiares de los privados de libertad por las protestas postelectorales.
Distribución geográfica de las protestas
El estado Anzoátegui lideró el índice de protestas con 557, seguido de Bolívar (512), Sucre (480), Distrito Capital (340) y Miranda (298), respectivamente. Los que menos registraron protestas fueron: Amazonas (15) Apure (48) y Guárico (57), respectivamente.
Modalidades de protestas más frecuentes
Las concentraciones pacíficas se mantuvieron como la principal modalidad de protesta en todo el país, 63% de todas las registradas. Estas manifestaciones se caracterizaron por reuniones frente a sedes gubernamentales o instituciones públicas, percibidas por los ciudadanos como responsables o capaces de abordar sus demandas.
Cierres de calles y marchas: en términos de frecuencia, los cierres de calles y avenidas, junto con las marchas, ocuparon el segundo y tercer lugar entre las modalidades de protesta. Estas acciones de interrupción del tráfico y las marchas a menudo se organizaron para aumentar la visibilidad de las manifestaciones, buscando no solo interrumpir el ritmo del tránsito sino también captar la atención de autoridades, personas y medios de comunicación.
Vigilias: paralelamente, se registraron numerosas vigilias a lo largo del país, donde los participantes se reunieron para exigir la libertad de personas detenidas, también para conmemorar y abogar por la paz. Estas acciones se convirtieron en espacios de reflexión y solidaridad, destacando el componente emocional y comunitario de la movilización social.
Protestas combinadas
De las 5.226 manifestaciones documentadas durante todo 2024, 2.541 se catalogaron como manifestaciones combinadas, lo que implica que en un solo evento se exigieron múltiples derechos. Este fenómeno representó un 49% del total de protestas, lo que pone de manifiesto la complejidad y la multiplicidad de las demandas ciudadanas en Venezuela.
Las protestas combinadas se caracterizaron por ser plataformas donde los manifestantes no solo se focalizaron en un único reclamo, sino que integraron diversas exigencias relacionadas con derechos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales. Este enfoque múltiple puede interpretarse como un reflejo de la interconexión entre los problemas que enfrenta la población venezolana, donde la solución de un problema específico a menudo se ve condicionada por la resolución de otros.
La prevalencia de estas manifestaciones multifacéticas indica una creciente sofisticación en las estrategias de protesta, donde los ciudadanos buscan abordar la raíz de múltiples problemas simultáneamente, haciendo más eficiente su acción colectiva y presionando por una respuesta más integral por parte de las autoridades.
Derechos más exigidos en las protestas del 2024
Derecho a la participación política: principal exigencia en las protestas de 2024
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó un total de 2.190 protestas en defensa del derecho a la participación política en 2024, lo que representa el 42 % de todas las manifestaciones registradas en el país.
Estas movilizaciones fueron protagonizadas por diversos sectores de la sociedad civil, simpatizantes y líderes políticos de la oposición, reflejando un descontento generalizado ante las restricciones impuestas al ejercicio de los derechos políticos.
En los primeros meses del año, las protestas estuvieron marcadas por la exigencia de condiciones justas y transparentes para la participación electoral, incluyendo la activación del Registro Electoral Permanente, con miras a las elecciones presidenciales del 28 de julio. Este proceso estuvo caracterizado por serias trabas administrativas, limitaciones para la inscripción de nuevos votantes dentro y fuera del país, inhabilitaciones políticas y la intervención de partidos opositores, lo que generó un ambiente de incertidumbre y desconfianza en las elecciones.
Durante y después de la elección presidencial, en la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró triunfador a Nicolás Maduro, se registró un aumento significativo en las manifestaciones. En estos sectores, habitados mayoritariamente por personas de escasos recursos, surgieron protestas exigiendo la publicación de las actas electorales y el reconocimiento del candidato opositor Edmundo González como ganador de los comicios. Este fenómeno evidenció un cambio en la dinámica de la movilización social, con expresiones de descontento en sectores que tradicionalmente simpatizaron con el oficialismo.
El punto álgido de las protestas se registró entre los días 29 y 30 de julio, cuando el OVCS documentó 915 manifestaciones en todo el país. De estas, 138 fueron reprimidas, y en al menos 119 se reportó la presencia de civiles armados, conocidos como Colectivos, lo que incrementó los niveles de violencia e intimidación contra los manifestantes.
Durante el último cuatrimestre del año se reportaron manifestaciones convocadas por lideres opositores, evidenciando capacidad de asistencia y disposición de las personas por continuar demandando derechos políticos. Estas manifestaciones continuaron en forma de vigilias, concentraciones y marchas de corta duración, adaptándose a contextos más seguros para evitar represalias.
El derecho a la vivienda fue el segundo motivo de protestas en 2024
Durante el año 2024, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó al menos 1.299 protestas en defensa del derecho a la vivienda, consolidándose como la segunda causa de movilización social en el país.
La exigencia de una vivienda digna y asequible fue una constante en las protestas venezolanas, reflejando la urgencia de condiciones de habitabilidad adecuadas para miles de familias en el país. Frente a la inacción gubernamental y la falta de políticas efectivas, los ciudadanos recurren a la protesta como una vía de presión para visibilizar su realidad y exigir soluciones concretas.
Crisis en los servicios básicos: un colapso prolongado
El deterioro de los servicios básicos en Venezuela ha sido una de las principales causas de conflictividad social en 2024. A diferencia de años anteriores, cuando las protestas se concentraban en el acceso a agua, electricidad y gas, la crisis ha escalado a otros sectores esenciales, como vialidad, recolección de desechos sólidos y aguas servidas.
Electricidad: la crisis que paraliza el país
El servicio eléctrico encabezó las protestas por servicios básicos en 2024, con un total de 513 manifestaciones en todo el país. Marzo fue el mes con mayor conflictividad, evidenciando el impacto de cortes prolongados y fallas recurrentes en el sistema eléctrico nacional. La crisis energética no solo afecta la vida cotidiana de los ciudadanos, sino que también tiene graves consecuencias en sectores estratégicos, como salud, educación, comercio y distribución de alimentos.
Agua: una lucha diaria
El segundo motivo de protestas por servicios básicos fue la falta de acceso a agua potable, con 335 manifestaciones registradas. Esta problemática, que se ha agudizado en los últimos años, obliga a muchas familias a destinar parte de su presupuesto a la compra de camiones cisterna o a recurrir a fuentes alternativas, como quebradas y tomas improvisadas. La escasez de agua no solo compromete la higiene y la salud pública, sino que también afecta la calidad de vida y el desarrollo económico de la población.
Vialidad: infraestructura en deterioro
Las deficiencias en vialidad motivaron 192 protestas en 2024, reflejando el deterioro progresivo de calles y avenidas en todo el país. El mal estado de las vías impacta el transporte, el comercio y la seguridad vial, dificultando la movilidad tanto en zonas urbanas como rurales. Esta crisis afecta directamente el derecho a la vivienda digna y al libre tránsito, exponiendo a los ciudadanos a riesgos diarios en su desplazamiento.
Aguas servidas: una crisis sanitaria latente
La ausencia de mantenimiento y la falta de inversión en saneamiento básico dieron lugar a 179 protestas exigiendo la canalización y tratamiento de aguas servidas en comunidades y urbanizaciones del país. Las lluvias agravan aún más esta crisis, provocando inundaciones, contaminación ambiental y enfermedades infecciosas en la población más vulnerable.
Recolección de desechos sólidos: una emergencia ambiental
Con 96 protestas registradas, la recolección de desechos sólidos ocupó el quinto lugar en las exigencias ciudadanas por servicios básicos. La baja frecuencia en la recolección de basura ha llevado a muchas comunidades a quemar desechos, una práctica que afecta la salud respiratoria y aumenta el riesgo de incendios en zonas residenciales y forestales.
Gas: una disminución en las protestas, pero no en la crisis
Se registraron 41 protestas por gas doméstico en 2024, lo que representa una disminución del 38 % en comparación con las 66 protestas registradas en 2023. Sin embargo, esta reducción no implica una mejora en el servicio, sino que refleja la normalización de la crisis y la falta de expectativas de solución por parte de la ciudadanía. Hacia finales del año, se evidenció una escasez generalizada de gas debido a fallas técnicas en una de las principales plantas de llenado del país, lo que obligó a muchas familias a recurrir a métodos alternativos de cocción y preparación de alimentos, exponiéndose a riesgos de incendios y enfermedades respiratorias.
Alumbrado público
En 40 protestas registradas, ciudadanos de diversas comunidades exigieron mejoras en el alumbrado público, un servicio fundamental para la seguridad vial y peatonal. La falta de iluminación en calles y avenidas agrava problemas de seguridad ciudadana y aumenta el riesgo de accidentes, afectando la tranquilidad y el bienestar de los habitantes.
Protestas por gasolina
Durante el año 2024, se evidenció un creciente descontento ciudadano debido a la crisis de abastecimiento de combustible. En al menos 20 estados del país se registraron 79 protestas en demanda de un suministro regular de gasolina, exigiendo precios accesibles y denunciando la dolarización del servicio.
Las protestas reflejan la creciente frustración de la ciudadanía ante la incapacidad del Estado para garantizar un acceso equitativo y asequible al combustible.
El estado Sucre lideró las manifestaciones con un total de 16, seguido por Falcón con 9 y Bolívar con 7. Este panorama refleja un patrón de desabastecimiento particularmente crítico en las regiones costeras y fronterizas, donde la dependencia del combustible para el transporte, la producción y la pesca es fundamental para la economía local.
Uno de los aspectos más criticados por la población ha sido el prolongado tiempo de espera en las filas de las estaciones de servicio, lo que genera serios inconvenientes para los ciudadanos y trabajadores que dependen del combustible para su sustento diario. Transportistas, productores y pescadores han sido los principales sectores movilizados, denunciando que las fallas en la distribución y los altos costos impactan negativamente su capacidad operativa, encareciendo bienes y servicios y afectando a toda la sociedad.
Distribución geográfica de las protestas por gasolina
La distribución de las protestas por combustible en Venezuela a lo largo del año 2024 muestra una afectación generalizada en todo el país, aunque con variaciones significativas según la región.
La concentración de protestas en Sucre, Falcón y Bolívar indica una problemática acentuada en zonas donde el acceso al combustible es crítico para el desempeño económico regional. El estado Zulia, históricamente afectado por crisis energéticas, registra un bajo número de protestas, lo que podría responder a la normalización de la escasez o al uso de otros mecanismos de acceso a la gasolina, formales o informales.
Evolución mensual
El análisis de la frecuencia de protestas por combustible a lo largo de 2024 demuestra fluctuaciones significativas, con picos en los meses de febrero (15 protestas) y octubre (15 protestas), y un punto más bajo en agosto, donde no se registraron manifestaciones. Esta variabilidad podría estar relacionada con cambios en las políticas de distribución, disponibilidad de combustible o represión a la protesta ciudadana.
Exigencias del derecho a la justicia
El derecho a la justicia se mantuvo como una de las principales demandas de la sociedad venezolana durante el año 2024, reflejando la creciente preocupación por la impunidad, la falta de acceso a procesos judiciales equitativos y la criminalización de la disidencia.
De acuerdo con los datos registrados, se documentaron un total de 1.236 protestas en exigencia de justicia a lo largo del año, con un repunte significativo en los meses de junio, julio y agosto, coincidiendo con el aumento de las tensiones políticas en el país y las más de 2.000 personas detenidas en el contexto postelectoral.
Se destacan las protestas realizadas por familiares de menores de edad, detenidos en las protestas postelectorales, en frente centros de detención o plazas públicas, exigiendo, justicia, garantía del debido proceso y libertad plena.
Protestas pacíficas reprimidas en Venezuela 2024
Récord en represión: Entre la “Furia Bolivariana” y la “Operación Tun Tun”
Tal como se había advertido en informes previos, la represión de protestas pacíficas en Venezuela alcanzó niveles históricos en 2024, superando los registros de las tres grandes olas represivas de 2014, 2017 y 2019.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó un total de 5.226 protestas ciudadanas en todo el país. De ellas, al menos 226 fueron reprimidas, lo que refleja un aumento alarmante en los mecanismos de control social y criminalización del derecho a la protesta.
La intervención de civiles armados, conocidos como Colectivos, fue reportada en 129 manifestaciones reprimidas, consolidando su papel como actores paramilitares al servicio de la represión estatal.
Este patrón de represión sistemática demuestra la creciente clausura del espacio cívico en Venezuela. La ciudadanía enfrenta agresiones, detenciones arbitrarias y actos de violencia simplemente por ejercer sus derechos fundamentales de expresión, asociación y reunión pacífica.
La tendencia represiva alcanzó su punto máximo tras la jornada de elecciones presidenciales, periodo en el que se intensificaron las agresiones contra sectores opositores y manifestantes que exigían transparencia y entrega de las actas electorales.
.
Desde el segundo semestre de 2024, las protestas han estado marcadas por exigencias de condiciones electorales justas y transparentes, así como por demandas de justicia y libertad para quienes han sido perseguidos por expresar pacíficamente sus diferencias. Este aumento en la protesta política refleja el descontento generalizado y el rechazo a la falta de garantías democráticas.
La magnitud de la represión en 2024, especialmente en el segundo semestre, pone en evidencia la consolidación de estrategias de control social que buscan suprimir el descontento y restringir el ejercicio de derechos fundamentales. El uso desproporcionado de la fuerza, la criminalización de la protesta y la impunidad, con la que operan funcionarios del Estado y grupos armados al margen de la ley constituyen una violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela, generando un impacto profundo en la vida de miles de ciudadanos que exigen derechos pacíficamente.
Represión a los más vulnerables durante protestas postelectorales
Las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 marcaron un punto de quiebre en Venezuela, desencadenando una serie de protestas en todo el país, exigiendo transparencia en los resultados de las elecciones. En tan solo 48 horas, el país fue escenario de 915 protestas, con un dato revelador: la mayoría de estas manifestaciones surgieron en los barrios más empobrecidos, antiguos bastiones del chavismo, ahora convertidos en focos de resistencia ciudadana.
La respuesta estatal fue inmediata y brutal: 75% de las protestas reprimidas se concentró en comunidades pobres.
La represión no se limitó a las calles; con la «Operación Tun Tun», el terror llegó a los hogares mediante allanamientos ilegales, desapariciones forzadas de corta duración y detenciones arbitrarias. A esto se sumó una campaña mediática de intimidación, donde el gobierno difundió videos con confesiones forzadas de detenidos, acompañados de música de terror, en un intento de silenciar cualquier expresión de descontento.
También se sumaron 2,229 personas detenidas, acusadas de «terrorismo» e «incitación al odio», según datos oficiales, en flagrante violación de la legislación venezolana y tratados internacionales de derechos humanos. Se destaca que durante los últimos meses del año el Estado anunció la liberación progresiva de manifestantes, sobre todo menores de edad.
La represión focalizada en los sectores más pobres no solo busca sofocar el descontento, sino consolidar un sistema de control basado en el miedo, con el fin de inhibir las movilizaciones y exigencias ciudadanas.
Protestas violentas postelectorales
El OVCS documentó 66 protestas violentas, ocurridas después del anuncio de los resultados de las elecciones. 7% de todas las manifestaciones postelectorales.
Estas acciones fueron realizadas en contra de edificios públicos, locales comerciales, estatuas e instalaciones de los cuerpos de seguridad, entre otros.
Desde el OVCS rechazamos todas estas acciones que van en contra del histórico carácter pacífico y cívico de los venezolanos cuando exigen sus derechos.
Personas asesinadas en las protestas durante 2024
La violencia y represión desatadas tras el anuncio de la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 dejaron un saldo trágico de 25 fallecidos, la mayoría de ellos por heridas de armas de fuego.
Estas muertes ocurrieron en el contexto de las protestas protagonizadas por ciudadanos que tomaron las calles para manifestar su descontento ante lo que consideraron un proceso electoral con resultados fraudulentos. La respuesta del Estado fue una represión brutal y desproporcionada, caracterizada por el uso excesivo de la fuerza y la participación activa de civiles armados, conocidos como «colectivos», quienes operaron con impunidad en zonas urbanas empobrecidas, históricamente afines al oficialismo.
Estos hechos reflejan la sistemática violación de derechos humanos en Venezuela, donde las fuerzas de seguridad han adoptado tácticas de terror para sofocar la protesta social. El accionar de los «colectivos», grupos paramilitares alineados con el gobierno, ha sido particularmente letal en estos operativos, actuando en coordinación con organismos de seguridad del Estado para dispersar, intimidar y eliminar cualquier forma de disidencia.
La represión no solo se tradujo en asesinatos y detenciones arbitrarias, sino también en prácticas como allanamientos ilegales, desapariciones forzadas de corta duración y el uso de tortura como mecanismo de castigo. Estas acciones no son hechos aislados, sino parte de un patrón consolidado de represión y criminalización de la protesta que ha venido escalando en los últimos años, con el objetivo de desmovilizar y silenciar a la población.
Más allá de la pérdida irreparable de vidas humanas, estas acciones tienen un impacto devastador en la estructura social del país, pues continúan abonando el miedo y la desesperanza entre los sectores más vulnerables. La criminalización de la protesta se ha convertido en una política de Estado que busca erradicar cualquier forma de organización ciudadana y restringir el espacio cívico.
Para acceder a información detallada sobre la ubicación y circunstancias de las muertes, puedes consultar el mapa georreferencial del OVCS.
Protestas contra Cuerpos de Seguridad 2024
Durante 2024, se registraron al menos 210 manifestaciones en rechazo al accionar de cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado venezolano. En estas protestas denunciaron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, abuso de poder y corrupción dentro de los distintos organismos represivos.
La movilización ciudadana contra estos cuerpos de seguridad fue una constante en todos los estados del país, aunque tuvo mayor incidencia en zonas empobrecidas, donde la represión ha sido más brutal y sostenida. La creciente indignación de la población refleja el profundo desgaste de la institucionalidad venezolana y el descrédito de las fuerzas de seguridad, dejando de ser garantes del orden público y derecho a la seguridad ciudadana para convertirse en instrumentos de practicas contrarias a los derechos humanos.
El OVCS documentó que los estados con mayor número de protestas contra los cuerpos de seguridad fueron Distrito Capital (25), Miranda (20), Zulia (20) y Bolívar (18). Entre los organismos más señalados por su accionar represivo se encuentran la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), junto con policías estadales y municipales.
En julio de 2024 se registraron 103 protestas contra los cuerpos de seguridad, en coincidencia con el proceso electoral y las movilizaciones post-electorales. Esta cifra es significativamente superior a la de otros meses, lo que sugiere que la respuesta represiva del gobierno ante el descontento ciudadano fue especialmente violenta en este período.
A lo largo del año, los organismos de seguridad no solo fueron señalados por el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones, sino también por la ejecución de allanamientos ilegales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas dentro de los centros de reclusión. Estas prácticas han sido documentadas por organismos internacionales de protección de derechos humanos como la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros, que han advertido sobre la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El creciente número de protestas contra los cuerpos de seguridad evidencia un quiebre en la relación entre la ciudadanía y las instituciones encargadas de la seguridad pública.
Protestas por derechos laborales en 2024
El año 2024 estuvo marcado por la persistencia de la conflictividad laboral en Venezuela, impulsada por el profundo deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora.
A lo largo del año, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 1.075 protestas laborales, reflejando el descontento generalizado ante salarios insuficientes, condiciones precarias y la falta de respuesta por parte del Estado. Se destaca que las protestas laborales disminuyeron en 74% en comparación con 2023.
Los meses con mayor actividad fueron enero (280 protestas), mayo (142) y octubre (113), coincidiendo con momentos clave de presión sindical y anuncios gubernamentales que intensificaron la indignación de los trabajadores. Estas manifestaciones han sido impulsadas no solo por la crisis económica, sino también por la ausencia de diálogo social y la represión contra aquellos que exigen reivindicaciones laborales.
Principales actores de las protestas laborales
El sector público ha sido el epicentro de la protesta, con 892 movilizaciones protagonizadas por trabajadores de la administración pública, lo que representa el 83% del total de exigencias documentadas. Dentro de este grupo, docentes, empleados del sector salud, trabajadores universitarios y funcionarios públicos han encabezado la lucha, denunciando la violación de contratos colectivos, la reducción de beneficios y la imposición de condiciones laborales inaceptables.
A su vez, el sector educación (430 protestas), el sector salud (139) y los transportistas (100) han jugado un papel activo en la protesta social, evidenciando un malestar generalizado que trasciende la administración pública y afecta a toda la población trabajadora.
Uno de los reclamos más persistentes ha sido un salario digno y dolarización de los ingresos, una demanda que resuena en todos los sectores laborales debido al colapso del poder adquisitivo. Con un salario mínimo que se mantiene estancado en menos de 3.5 dólares mensuales, la mayoría de los trabajadores han sido empujados a la pobreza extrema, mientras los precios de bienes y servicios continúan aumentando en divisas extranjeras. Este fenómeno ha creado un abismo social en el que una élite con acceso a dólares sobrevive, mientras la mayoría de la población depende de ingresos en bolívares devaluados. La desigualdad se ha exacerbado y la desesperación ha llevado a muchos trabajadores a asumir múltiples empleos informales o a migrar en busca de mejores oportunidades.
Además del colapso salarial, la intervención del Estado en los contratos colectivos ha generado un fuerte rechazo. El gobierno venezolano ha aplicado políticas que restringen beneficios laborales previamente adquiridos, despojando a los trabajadores de derechos históricos como primas salariales, bonos de alimentación y estabilidad contractual. Esta violación sistemática de los derechos laborales ha sido denunciada por organizaciones sindicales y de derechos humanos, que alertan sobre la profundización de la crisis.
Otro factor clave en la conflictividad laboral ha sido la criminalización de la protesta y la represión contra líderes sindicales. La creciente persecución de activistas y dirigentes gremiales ha generado un clima de temor entre los trabajadores. En 2024, se documentaron múltiples detenciones arbitrarias, despidos injustificados y amenazas contra aquellos que lideran manifestaciones. Esta estrategia de intimidación busca desmovilizar a la masa trabajadora y evitar que las protestas escalen a nivel nacional.
La situación laboral en Venezuela también ha impactado la salud mental de los trabajadores. La incertidumbre económica, la presión de sobrevivir con salarios de miseria y la represión estatal han generado un deterioro psicológico que afecta a millones de personas. La imposibilidad de garantizar necesidades básicas como alimentación, vivienda y salud ha provocado niveles alarmantes de estrés, ansiedad y depresión entre la población activa. En muchos casos, la migración se convierte en la única alternativa viable, lo que ha generado un éxodo continuo de talento y fuerza laboral en sectores estratégicos como educación y salud, debilitando aún más el tejido productivo del país.
Las protestas laborales de 2024 no solo reflejan el colapso económico, también evidencian un quiebre profundo entre el gobierno y la población trabajadora. La negativa del Estado a dialogar con los sindicatos y la represión como respuesta a las demandas laborales han generado un escenario de conflictividad sostenida, donde el malestar crece sin encontrar soluciones viables.
A pesar de las adversidades, los trabajadores venezolanos han demostrado una notable capacidad de resistencia, desafiando un sistema que busca silenciarlos mediante la precarización y el miedo. La lucha por salarios dignos, estabilidad laboral y condiciones de trabajo justas sigue siendo un pilar fundamental en la resistencia contra el deterioro de la calidad de vida en Venezuela.
Protesta por el derecho a la seguridad social
El derecho a la seguridad social continuó siendo una de las principales demandas de la ciudadanía venezolana en 2024, reflejándose en 347 protestas documentadas a lo largo del año. La exigencia de soluciones por parte del Estado estuvo respaldada por el Artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), que establece la seguridad social como un servicio público no lucrativo destinado a garantizar la salud y la protección de toda persona. Sin embargo, la realidad es que el acceso a prestaciones sociales se ha deteriorado de manera alarmante, dejando a millones de venezolanos sin cobertura médica, sin pensiones suficientes y en condiciones de vulnerabilidad extrema.
De estas manifestaciones, los picos más altos se registraron en enero (82 protestas), mayo (62) y octubre (56), meses en los que se intensificaron los reclamos ante el agravamiento de la crisis económica y social.
El sistema de seguridad social en Venezuela se ha vuelto prácticamente inoperante, con pensiones y beneficios que no garantizan la cobertura de necesidades básicas. La constante depreciación del bolívar y la dolarización parcial de la economía han hecho que las prestaciones sociales sean insignificantes frente al costo de vida, lo que ha generado desesperación entre los sectores más afectados.
En este contexto, los jubilados y pensionados desempeñaron un papel fundamental en las manifestaciones, participando en 310 protestas durante el año, muchas de ellas en conjunto con las movilizaciones laborales que exigían salarios dignos y justicia social. Su lucha estuvo respaldada por el Artículo 80 de la CRBV, que establece que las pensiones y jubilaciones no pueden ser inferiores al salario mínimo, un derecho que el Estado ha incumplido sistemáticamente.
Los pensionados y jubilados representan una de las poblaciones vulnerables más afectadas por la crisis humanitaria que atraviesa el país. Con pensiones que oscilan alrededor de 3.5 dólares mensuales, la mayoría enfrenta una situación de extrema precariedad, viéndose obligados a depender de la ayuda de familiares, remesas del exterior o trabajos informales para poder sobrevivir. El dilema entre comprar alimentos o medicinas se ha convertido en una constante para miles de adultos mayores, quienes, a pesar de haber dedicado décadas de su vida al trabajo, hoy enfrentan el abandono y la indiferencia del Estado. En diversas protestas se denunció que la falta de acceso a tratamientos médicos y la escasez de medicamentos esenciales ha contribuido al incremento de enfermedades y a la muerte prematura de muchas personas de la tercera edad.
La crisis del sistema de seguridad social no solo afecta a los jubilados, sino también a trabajadores activos que ven con desesperanza su futuro, ya que el deterioro del sistema de pensiones les impide aspirar a una vejez digna. Este descontento ha generado una creciente ola de indignación, reflejada en las múltiples protestas que exigen una reforma estructural del sistema de seguridad social, el cumplimiento de las obligaciones constitucionales del Estado y la indexación de las pensiones a la realidad económica del país.
Protesta por el derecho a la salud
El acceso a la salud en Venezuela sigue siendo una de las principales preocupaciones de la población, reflejado en 408 protestas documentadas durante el año 2024. Pacientes y familiares alzaron su voz de manera constante para exigir condiciones dignas en hospitales y ambulatorios, denunciando infraestructuras deterioradas, falta de insumos médicos y escasez de personal.
Las fallas en los servicios básicos, como agua y electricidad, han convertido a los centros de salud en lugares de alto riesgo, donde, a pesar de los esfuerzos del personal de salud y trabajadores, una emergencia médica puede convertirse en una sentencia de muerte.
En los meses de marzo (53 protestas), junio (53) y octubre (63) se registraron los picos más altos de manifestaciones, evidenciando que la crisis sanitaria no solo persiste, sino que se agudiza.
A pesar de que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el derecho a la salud como un servicio público fundamental, en la práctica, acceder a atención médica de calidad se ha convertido en un privilegio reservado para quienes pueden costearlo. En hospitales públicos, los pacientes deben comprar sus propios insumos, medicamentos y hasta pagar por estudios de laboratorio o intervenciones quirúrgicas. Esta realidad coloca una carga insostenible sobre las familias, que en muchos casos se ven obligadas a vender bienes o depender de donaciones para poder salvar la vida de un ser querido. La falta de inversión en el sector salud y la inacción del Estado han generado una crisis humanitaria que pone en peligro la vida de millones de venezolanos.
Por otro lado, el personal médico, administrativo y obrero del sector salud enfrenta condiciones laborales precarias, con salarios insuficientes, jornadas extenuantes y una alarmante falta de insumos y equipos para ejercer su labor con seguridad y eficacia. La falta de garantías para su bienestar y el de sus pacientes ha generado un éxodo masivo de profesionales de la salud, lo que ha agravado aún más la crisis del sistema sanitario. Médicos y enfermeros han encabezado protestas exigiendo ajustes salariales, mejoras en las condiciones de trabajo y mayor dotación de insumos médicos, demandas que hasta ahora no han recibido respuestas concretas por parte del gobierno.
La crisis del derecho a la salud en Venezuela no solo se traduce en cifras alarmantes de protestas, sino en vidas perdidas por falta de atención oportuna y adecuada. La precariedad del sistema sanitario y la indiferencia estatal han convertido lo que debería ser un derecho garantizado en una lucha diaria por la supervivencia.
El OVCS documentó 14 años de protestas ciudadanas por una vida digna
Entre 2011 y 2024, Venezuela fue escenario de 111.993 protestas documentadas, reflejando la constante exigencia pacífica de derechos por parte de la ciudadanía, a pesar del progresivo cierre del espacio cívico y democrático.
Los datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) muestran picos significativos en años de crisis políticas y socioeconómicas agudas, como 2014, 2017, 2018 y 2019, cuando las protestas superaron las 9.000 manifestaciones anuales, alcanzando su máximo en 2019 con 16.739 eventos registrados. Estos años coinciden con momentos de alta inflación, una crisis humanitaria compleja, colapso de servicios básicos, escasez de alimentos y tensiones políticas internas y externas, evidenciando cómo la pérdida de derechos motiva la movilización social, incluso en contextos adversos.
A pesar de los desafíos, como la represión estatal, la criminalización de la protesta y el debilitamiento de las instituciones democráticas, los venezolanos han mantenido un espíritu de resistencia cívica por más de una década, los datos demuestran la persistencia de una sociedad que, de forma organizada y pacífica, continúa buscando visibilizar sus demandas, reivindicar sus derechos y vivir con dignidad.
Profundización del cierre del espacio cívico en Venezuela
La crisis de derechos humanos en Venezuela ha alcanzado niveles alarmantes, con miles de protestas a lo largo del 2024 que evidencian el profundo descontento social y el acelerado cierre del espacio cívico y democrático.
Desde la exigencia de resultados electorales transparentes y auditables, pasando por la exigencia de libertad para presos políticos, hasta la demanda de salarios dignos y acceso a servicios esenciales como salud, educación y seguridad social, las manifestaciones han sido un reflejo del colapso estructural del país y la desesperación de millones de venezolanos. Sin embargo, en lugar de atender las legítimas demandas de la población, el Estado ha respondido con criminalización, represión y restricciones al espacio democrático, vulnerando derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en tratados internacionales.
La persecución contra sindicalistas, defensores de derechos humanos, periodistas, activistas políticos, manifestantes y líderes sociales ha sido una constante durante este año, evidenciando un patrón de hostigamiento y represión que busca silenciar cualquier voz disidente. A esto se suma el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad y la participación de grupos de civiles armados, conocidos como Colectivos, en el control de manifestaciones, prácticas que han resultado en detenciones arbitrarias, tratos crueles e incluso la muerte de manifestantes. Estas acciones constituyen graves violaciones a los derechos humanos y socavan los principios de un Estado de derecho.
El Estado venezolano tiene el deber ineludible de garantizar, respetar y proteger los derechos humanos de su población, incluyendo el derecho a la protesta pacífica, la libertad de asociación, expresión y el acceso a condiciones de vida dignas.
El papel de la comunidad internacional y los organismos internacionales de protección de derechos humanos es fundamental en la actual crisis venezolana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado y denunciado de manera constante las violaciones de derechos humanos en el país, mientras que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha insistido en la necesidad de poner fin a la represión y garantizar la protección de la sociedad civil. Asimismo, la Misión de Determinación de Hechos de la ONU (FFM) ha recopilado pruebas fundamentales sobre crímenes de lesa humanidad que podrían derivar en responsabilidades individuales de altos funcionarios del Estado. En este contexto, la actuación de la Corte Penal Internacional (CPI) es clave, pues su investigación sobre crímenes cometidos en Venezuela representa un paso hacia la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) reitera su llamado a las autoridades para que investiguen de manera independiente, expedita y oportuna los crímenes cometidos en el contexto de las protestas. Es imperativo que se prohíba la participación de grupos armados en labores de orden público y que se garantice la libertad y el debido proceso para manifestantes y ciudadanos detenidos arbitrariamente.
No puede haber democracia mientras se sigan reprimiendo las voces que exigen justicia, derechos y mejores condiciones de vida.
Frente a esta realidad, el OVCS reafirma su compromiso de seguir trabajando sobre el terreno en defensa de los derechos humanos y la dignidad de los venezolanos. Asimismo, hace un llamado a la sociedad civil y a la comunidad internacional a perseverar en la lucha por la justicia, la dignidad y la plena restitución de los derechos fundamentales de todas las personas.
Esta investigación de tendencias emplea como insumo principal el seguimiento de situación a través de medios de información de alcance nacional y regional. También fuentes de organismos oficiales y organizaciones no gubernamentales (ong).
Te invitamos a nuestro sitio de Internet www.observatoriodeconflictos.org.ve
Escríbenos a: medios@observatoriodeconflictos.org.ve
Síguenos en Twitter: @OVCSOCIAL Instagram: @observatoriodeconflictos
