El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró
413 protestas durante el mes de agosto de 2024, equivalente a 14
diarias, representando un aumento de 6% en comparación con el
mismo período del año pasado.
En el mes de agosto los Derechos Civiles y Políticos (DCP), fueron
exigidos en 367 protestas, 89% de la cifra total. Esto representa un
aumento de 60% en comparación con el mismo período del año
pasado.
Persiste la disposición a protestar
A pesar de la brutal represión estatal registrada en las últimas
semanas, los venezolanos continúan manifestando y exigiendo
respuestas sobre los resultados de las elecciones presidenciales.
En agosto, las protestas mostraron fluctuaciones, influenciadas
por la represión y los llamados públicos a movilizaciones de los
partidos políticos. La persecución contra, dirigentes opositores,
manifestantes, activistas sociales, defensores de derechos
humanos, periodistas y observadores electorales, sumada a la
censura digital, creó un ambiente de temor generalizado.
A pesar de esto, la oposición mantiene su disposición y resistencia.
Aunque las protestas disminuyeron en comparación con la ola
inicial tras las controvertidas elecciones del 28 de julio, no se
detuvieron. Los picos de manifestaciones ocurrieron el 3, 17 y 28
de agosto, concentrando el 64% de todas las acciones del mes en
respuesta a convocatorias de sectores políticos.
Estos datos reflejan que los venezolanos siguen desafiando el
miedo y defendiendo sus derechos, destacando la participación
masiva en las protestas lideradas por figuras políticas.
Distribución Geográfica de las
protestas durante agosto de
2024
El índice de protestas: Sucre (55), Anzoátegui (40), Mérida (33),
Barinas (30) y los estados Bolívar, Carabobo y Táchira con 25,
respectivamente. Los que menos registraron protestas: Delta
Amacuro y Vargas con 2, respectivamente, y Amazonas (3).
Caracterizando las manifestaciones
en agosto 2024
- Por segundo mes consecutivo el derecho a la participación
política (344) ocupó el primer lugar como derecho más exigido
en protesta. Lo que representa 83% de la cifra total. - El OVCS documentó 22 protestas reprimidas en 9 estados.
- Se documentaron 15 protestas en 9 estados del país
denunciando abusos de poder cometidos por representantes
de cuerpos de seguridad del Estado y civiles armados,
conocidos como Colectivos. - Sectores opositores participan en las manifestaciones
convocadas por María Corina Machado en rechazo a los
resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). - Familiares exigen justicia y libertad para presos políticos,
señalando al gobierno nacional como responsable de las
detenciones arbitrarias antes, durante y después de las
elecciones presidenciales. - Diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos
se pronuncian para que cese la hostilidad y represión ejercida
en Venezuela después de las elecciones presidenciales. - Servicios básicos colapsados ocasionan diversos problemas
habitacionales y de medio ambiente. - Jubilados y pensionados reclaman mejores reivindicaciones
para garantizar su calidad de vida. Los manifestantes señalan
que 130 bolívares equivalente a 3.5$ no cubre una alimentación
balanceada y menos los cuidados de salud. - Usuarios de centros de salud, sus familiares y el personal
médico reclaman ante las precarias condiciones de centros de
salud, además de la falta de profesionales y escasez de equipos
e implementos. - Mujeres privadas de libertad en el Instituto Nacional de
Orientación Femenina (Inof) denuncian tratos crueles,
inhumanos y degradantes por parte de autoridades
penitenciarias.
Modalidades de protestas más
frecuentes durante agosto 2024
Las concentraciones pacíficas se mantuvieron como la forma
predominante de manifestación en Venezuela. En segundo lugar,
se ubicaron las marchas. Paralelamente, se organizaron vigilias en
diversos puntos de la geografía nacional, donde los participantes
alzaron sus voces por la paz y la justicia en Venezuela.
Protestas combinadas
De las 413 manifestaciones documentadas durante agosto, 173 fueron
combinadas. En estas se exigió más de un derecho en un mismo evento
y representó 42% del total registrado.
Este fenómeno revela la naturaleza interconectada de las problemáticas
que enfrenta la sociedad venezolana. La prevalencia de estas protestas
multifacéticas no solo ilustra la sofisticación de las demandas
ciudadanas, sino que también ofrece una perspectiva crucial para
comprender la brecha entre el número de manifestaciones registradas
y la frecuencia con la que se reivindican diversos derechos.
Derechos más exigidos en
protestas durante agosto 2024
Protestas por derechos civiles y
políticos
Derechos civiles y políticos más exigidos durante agosto de 2024:
derecho a la participación política (343), derecho a la justicia (126),
derecho a la manifestación pacífica (63) y derecho a la libertad de
expresión (32).
Derechos políticos
El derecho a la participación política (344) fue la principal demanda
ciudadana, representando el 83% de todas las exigencias registradas
durante el mes. La mayoría de estas exigencias se centraron en
pedir garantías para los derechos políticos, en particular como
rechazo al anuncio del CNE sobre los resultados de las elecciones
presidenciales del pasado 28 de julio.
Protestas exigiendo reconocimiento del
triunfo de Edmundo González
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)
documentó un total de 229 protestas, en su mayoría multitudinarias
y distribuidas por todo el territorio nacional, concentradas
principalmente en tres jornadas clave: los días 3, 17 y 28 de agosto.
Estas movilizaciones, convocadas por la líder opositora María Corina
Machado y otros referentes políticos, reunieron a una multitud
diversa que abarcaba desde jóvenes estudiantes hasta adultos
mayores. Exigiendo transparencia electoral y el reconocimiento
del candidato Edmundo González Urrutia como legítimo ganador
de las elecciones presidenciales.
El detonante de estas manifestaciones fue el anuncio del Consejo
Nacional Electoral (CNE), posteriormente ratificado por el Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ), que declaró a Nicolás Maduro como
vencedor de los comicios.
Las protestas reflejan el consistente poder de convocatoria del
sector opositor, quienes logran movilizar a una población que
vive bajo un entorno social y político marcado por la represión, elmiedo y la cautela.
En este contexto de incertidumbre, las manifestaciones surgen
como un medio para canalizar el descontento ciudadano y exigir
que se respeten los principios democráticos.
Respuesta del gobierno
La respuesta gubernamental a las convocatorias opositoras
se reflejó en las calles, mediante una fuerte presencia policial,
militar e incluso civiles armados, conocidos como Colectivos,
especialmente en aquellos puntos de concentración anunciados
por el sector opositor, lo que se interpreta como claro patrón
de amedrentamiento y represión que busca acallar la voz de la
protesta.
Personas simpatizantes del gobierno también se movilizaron
apoyando a Maduro.
Una de las estrategias del gobierno fue convocar a sus seguidores
para manifestaciones pautadas en las mismas fechas y horarios
anunciados previamente por el sector opositor.
El OVCS logró documentar 115 manifestaciones en todo el país
exigiendo el reconocimiento de las instituciones venezolanas,
el triunfo y reelección de Nicolas Maduro en las elecciones
presidenciales.
En estas movilizaciones participaron mayoritariamente trabajadores
de instituciones públicas, integrantes del PSUV y vecinos. Los
cuerpos de seguridad custodiaron estas movilizaciones en su
mayoría, marchas y concentraciones en plazas públicas, así como
caravanas de motorizados.
Derecho a la justicia
El segundo lugar de exigencias en el mes de agosto lo ocupan las
126 protestas por el derecho a la justicia.
Familiares de detenidos se concentraron en frente de instituciones
gubernamentales y durante las convocatorias de la oposición
para exigir justicia, garantía del debido proceso y libertad para las
personas detenidas en el marco de las protestas postelectorales,
en su mayoría manifestantes, activistas sociales y políticos,
transeúntes, trabajadores e incluso adolescentes, a quienes se le
imputaron graves delitos como terrorismo.
Según datos oficiales fueron detenidas más de 2.400 personas.
que fueron trasladados a reclusorios sin acceso a la comunicación
de familiares y con prohibición de defensa privada. En muchos
casos han sido trasladados a cárceles fuera de la jurisdicción
correspondiente a su lugar de residencia.
Derecho a la manifestación pacífica
El OVCS documentó 63 protestas por el derecho a la manifestación
pacífica durante el mes de agosto. Es importante alertar que muchos
ciudadanos temen ser detenidos por los cuerpos de seguridad
por participar en manifestaciones. También denuncian asedio por
parte de integrantes de la denominada “furia bolivariana”.
Represión contra las protestas de
agosto 2024
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)
documentó la represión de 22 protestas en 9 estados del país
durante el mes de agosto de 2024.
El Estado venezolano ha intensificado una política de represión,
criminalización y persecución que ha alcanzado niveles históricos
sin precedentes en el país. Estas acciones buscan silenciar a quienes
legítimamente exigen el respeto a sus derechos y respuestas claras
ante los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio.
En agosto, se mantuvieron las prácticas de uso arbitrario y
desproporcionado de la fuerza, junto con desapariciones forzadas,
detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales, todo enmarcado
en la llamada “Operación Tun Tun”. Estas medidas afectaron
especialmente a las zonas empobrecidas, donde se registró la
mayor cantidad de protestas postelectorales.
La persecución, intimidación, criminalización y judicialización de
líderes políticos y sociales, así como de periodistas, manifestantes,
testigos electorales y defensores de derechos humanos, fue una
constante a lo largo del mes. Es particularmente preocupante la
detención de manifestantes tras participar en protestas pacíficas
de oposición.
Un aspecto relevante es que muchas de las manifestaciones
convocadas a través de redes sociales no se llevaron a cabo en
los lugares previstos, debido a la fuerte presencia policial y militar,
sobre todo en los días de movilización convocados por partidosopositores.
De acuerdo con información oficial, más de 2.400 personas
fueron detenidas, entre ellas más de 100 niños y adolescentes, así
como 200 mujeres. A la mayoría se les imputaron delitos graves,
como traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir y
terrorismo, con penas que podrían alcanzar hasta los 30 años de
prisión. Los familiares de los detenidos denunciaron la violación
de garantías judiciales, señalando que se les negó el acceso a
defensores privados, imponiéndoseles en su lugar defensores
públicos.
Consultar el informe sobre conflictividad social de julio 2024, para
profundizar en los datos y análisis cualitativos sobre la represión a
las protestas postelectorales https://bit.ly/3Xic2r5
Esta situación pone de manifiesto la urgente necesidad de garantizar
el derecho a la protesta pacífica y el respeto a los derechos humanos
fundamentales en Venezuela. La comunidad internacional y los
organismos de derechos humanos deben mantener una vigilancia
activa sobre estos acontecimientos, exigiendo el cese inmediato de la
represión y la restauración de las libertades democráticas en el país.
Personas asesinadas en las
protestas
La violencia y represión tras el anuncio de la victoria de Nicolás Maduro
en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 dejaron un
saldo trágico de 25 fallecidos, la mayoría por heridas de arma de fuego.
Estas muertes, que se produjeron en el contexto de las protestas
postelectorales, son un reflejo del uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado y el accionar de civiles armados, conocidos como
Colectivos, para reprimir la disidencia, especialmente en las zonas más
empobrecidas del país.
Las víctimas más recientes fallecieron durante la primera semana de
agosto, tras haber sido heridas el 30 de julio, en medio de la brutal
represión que se intensificó después de la publicación de los resultados
electorales.
Los eventos que siguieron al 28 de julio pusieron en evidencia un patrón
de represión que ya se venía consolidando en el país, caracterizado por
violaciones sistemáticas de los derechos humanos. El monitoreo del
OVCS determinó que entre los días 29 y 30 de julio se documentaron
915 protestas en todo el país, 138 de las cuales fueron reprimidas con
violencia. El uso de civiles armados, conocidos como “colectivos”, en al
menos 119 de esas protestas reflejando la aquiescencia y coordinación
con los cuerpos de seguridad del Estado.
Estas acciones represivas, lejos de ser aisladas, forman parte de una
estrategia más amplia de criminalización de la protesta, que busca
desarticular cualquier forma de organización ciudadana.
Para acceder a la información sobre la ubicación y detalles de cada
uno de los casos, puedes consultar el siguiente enlace al mapa
georreferencial https://bit.ly/3XrAkjM
Protestas contra los cuerpos de
seguridad
En agosto, se registraron al menos 15 manifestaciones en rechazo
a los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado, en las que se
denunciaron casos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes,
además de corrupción y abuso de poder. Estas protestas tuvieron lugar
en al menos 9 estados, principalmente en zonas empobrecidas del país.
Protestas por el derecho a la
vivienda y el colapso de los
servicios básicos
Durante agosto, el OVCS documentó aproximadamente 28 protestas
relacionadas con el derecho a una vivienda digna.
Es importante resaltar que esta disminución en las manifestaciones no
refleja una mejora en las condiciones o en la solución de los problemas
que impiden el acceso a una vivienda adecuada.
La fuerte presencia de funcionarios de seguridad en las calles, junto con
allanamientos, detenciones y amenazas por parte de las autoridades
tras la ola de protestas postelectorales, ha generado temor entre
los vecinos. Esto ha llevado a que muchos prefieran manifestarse
únicamente en las protestas organizadas por la oposición, en lugar de
movilizarse de manera aislada o en espacios vulnerables.
Protestas por servicios básicos
Agua potable
El servicio de agua potable en Venezuela enfrenta constantes
interrupciones, además de suministrarse en condiciones insalubres,
con mal olor y aspecto turbio. En muchos casos, las familias se
ven obligadas a contratar camiones cisterna o recurrir a tomas
improvisadas para abastecerse, lo que genera serios riesgos para la
salud pública, afectando especialmente a niños y adultos mayores.
Tratamiento y recolección de aguas servidas
La falta de mantenimiento, tratamiento adecuado y drenaje
de aguas servidas ha causado pérdidas materiales, además de
dificultar la vialidad, el tránsito y afectar viviendas, especialmente
durante los períodos lluviosos registrados en las últimas semanas.
Otro problema grave es la proliferación de vertederos
improvisados de desechos sólidos, lo que genera preocupación
entre los habitantes de ciudades y pueblos debido a los malos
olores, la presencia de animales y las quemas de basura, que han
causado problemas respiratorios, enfermedades dérmicas y brotes
endémicos.
Electricidad
Continúan las fallas eléctricas. Desde el OVCS han sido reiterados
los llamados a atender, mantener y potenciar el sistema eléctrico
nacional, considerando las constantes protestas registradas a
lo largo y ancho del país. A finales de agosto ocurrió un apagón
general en Venezuela que dejó a gran parte del país sin electricidad
entre 8 y 24 horas, lo que generó alarma en los centros de salud.
Después de esa fecha, persisten las fluctuaciones eléctricas en
diversos sectores del territorio nacional.
Derechos Laborales
En agosto, el OVCS registró 15 protestas por derechos laborales,
una cifra alarmantemente baja en comparación con los índices
reportados en años anteriores.
Esta disminución no es reflejo de una mejora en las condiciones
de vida de los trabajadores venezolanos, sino más bien de la
compleja y crítica situación que enfrentan. En medio de una crisis
económica sin precedentes, el salario mínimo en Venezuela se
mantiene por debajo de los 3.5 dólares mensuales, una suma que
resulta completamente insuficiente para cubrir las necesidades
básicas de cualquier familia.
A pesar de estas condiciones deplorables, que deberían motivar
a una mayor movilización, la realidad es que las protestas han
disminuido debido a la creciente represión y la tensión política
que asfixia al país.
La constante amenaza de violencia y la criminalización de la
protesta social han impactado en las convocatorias para exigir
sus derechos, convirtiendo su lucha en un desafío cada vez más
peligroso.
Opacidad electoral y represión en
Venezuela
La situación en Venezuela en agosto de 2024 refleja una profunda
crisis de derechos humanos, marcada por la falta de transparencia
y las denuncias de fraude en los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional
Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificaron
la victoria de Nicolás Maduro. Este contexto ha generado un
clima de desconfianza y tensiones que amenazan con agravar la
conflictividad social en el país.
Desde el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social
(OVCS), hemos manifestado nuestra preocupación por la ausencia
de respuestas claras y documentadas sobre el proceso electoral.
A más de un mes de las elecciones, las autoridades venezolanas
no han presentado las actas electorales que podrían demostrar
de manera verificable los resultados definitivos. La falta de estas
actas alimenta las dudas y la incertidumbre en torno al proceso,
incrementando la tensión social y creando un caldo de cultivo para
el estallido de nuevas protestas y posibles escenarios de violencia
y represión.
Uno de los aspectos más alarmantes es el papel de la represión
estatal en la evolución de las manifestaciones. Las autoridades
han respondido a las protestas con detenciones masivas,
desapariciones forzadas y violencia ejercida tanto por los cuerpos
de seguridad del Estado como por grupos armados civiles,
conocidos como Colectivos, que actúan en favor del gobierno.
Según datos oficiales, más de 2,400 personas han sido detenidas,
muchas de ellas acusadas de delitos graves como traición a la patria
y terrorismo, lo que podría conllevar penas de hasta 30 años de
prisión. Esta criminalización de la protesta y la disidencia evidencia
un uso desproporcionado del sistema judicial como herramienta
de control político.
A este panorama se suma la preocupante cifra de 25 personas
asesinadas durante las manifestaciones, todas ellas por heridas de
arma de fuego. Este dato subraya el uso excesivo de la fuerza
letal contra manifestantes, lo que constituye una violación grave
del derecho a la vida y del principio de proporcionalidad en el uso
de la fuerza por parte de los agentes del Estado. Estas muertes
reflejan un patrón de represión que no solo busca desmovilizar a
los manifestantes, sino también sembrar el miedo entre quienes se
atreven a exigir derechos fundamentales.
No obstante, la represión no ha logrado apagar el ímpetu ciudadano.
A pesar de la censura, las amenazas y las detenciones arbitrarias, los
venezolanos continúan movilizándose, demandando transparencia
electoral y justicia. La persistencia de las protestas, a pesar de las
graves consecuencias, es un claro indicativo de que las demandas
sociales por mayor democracia y respeto a los derechos humanos
están lejos de desaparecer.
Frente a esta grave situación, es urgente que la comunidad
internacional y los organismos de derechos humanos dirijan
su atención a Venezuela. Resulta fundamental exigir el fin
inmediato de la represión, la liberación de los presos políticos
y el respeto irrestricto a los derechos humanos, incluyendo las
libertades de expresión, asociación y reunión pacífica. Además,
deben considerarse la activación de mecanismos de protección
internacional y la posibilidad de sanciones o acciones legales
contra los responsables de las violaciones más graves.
El contexto actual en Venezuela no solo es una crisis política,
sino una crisis de derechos humanos que requiere una respuesta
decidida y coordinada por parte de la comunidad internacional.
La justicia para las víctimas de la represión y la restauración de
un espacio democrático en el país son tareas ineludibles para
garantizar la estabilidad y el respeto a los derechos fundamentales
en el futuro inmediato.
