El pasado 28 de junio de 2023 se realizó el Side Event Situación del Espacio Cívico y Democrático en Venezuela, durante el 53 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 53HRC, en Ginebra, Suiza.
En este evento participaron representantes de la Relatoría ONU para de Defensores, International Comission of Jurist (ICJ), International Service for Human Rights (ISHR), Amnistía Internacional (AI), Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) y Asociación Civil Promedehum.
La actividad se desarrolló en las oficinas de International Comission of Jurist (ICJ) en Ginebra, y con transmisión en linea por las plataformas digitales de las organizaciones participantes. Se hizo una revisión de la situación de los derechos humanos y del espacio cívico y democrático en la República Bolivariana de Venezuela. Contó con la moderación de Eleanor Openshaw, integrante del ISHR.
Marco Ponce, Coordinador del OVCS, inició el evento exponiendo un balance general sobre el contexto país y situaciòn del espacio cívico, destacando que «Durante los primeros 5 meses del año se registraron 3900 manifestaciones pacíficas en Venezuela. 86% por la exigencia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA )» . También denunció la «grave crisis de los trabajadores y jubilados y pensionados que sobreviven con un salario mínimo oficial de 5 dolares mensuales». Así como el aumento de la «represión a las manifestaciones ciudadanas en el contexto pre electoral venezolano».
Rigoberto Lobo, Director de Promedehum, planteó que «28% de las ONG no se encuentran debidamente registradas en Venezuela y 54% registradas han tenido problemas para actualizar sus juntas directivas y legalizar sus documentos internos» Destacó que las «Organizaciones que realizan asistencia humanitaria son atacadas y su trabajo es obstaculizado por funcionarios del Estado venezolano. Los insumos que entregan a las comunidades son retenidos en muchos casos»
Marianna Romero, Directora del CDJ, hizo un análisis sobre la profundización del cierre del espacio cívico y democrático y ataques a las personas defensoras «Este año hemos registrado 288 agresiones a la defensa y promoción de derechos humanos, representadas en amenazas, persecución, hostigamiento, ataques digitales y promoción de leyes restrictivas» . Expresó su preocupación porque el Estado no tiene «voluntad de cumplir con sus compromisos internacionales y sigue cerrando el espacio cívico con medidas represivas y leyes restrictivas» . En la medida que se profundiza la criminalización de la defensa de derechos humanos varios mecanismos internacionales se han pronunciado a favor de investigar violaciones y exigir el cese de la represión, “La Misión de Determinación de Hechos alertó que el uso de la lógica del enemigo, por parte del gobierno venezolano para criminalizar a personas consideradas disidentes, se estaba aplicando para atacar a la sociedad civil”
Carlos Lusverti, representante de ICJ, expresó que en Venezuela, en términos de la investigación de la ICJ, en los últimos años, tiene que ver en «como el debilitamiento del Estado de Derecho, y en particular las garantías de la independencia judicial, ha sido o convertido el sistema de justicia venezolano en incapaz de proteger a las personas en general, y a las personas defensoras de derechos humanos en particular, en la protección de sus derechos, sino que también, en muchos casos, ha sido la pieza a partir de la cual se ha consumado esta persecución y ataque a través de la judicialización de estas personas».
Michael Phoenix, integrante de la Relatoría Especial para Defensores, aseguró que la «relatoría ha trabajado mucho sobre la situación de las personas defensoras en Venezuela, por ejemplo, en los últimos 3 años, han conversado con mas 30 defensores del país, y mucho de lo que han oído les ha preocupado». «Las preocupaciones de la Relatora se expresan en las comunicaciones que ha enviado al Estado, al menos 7 cartas en los últimos 3 años». «El Estado venezolano parece haber construido un sistema de hostigamiento en contra de las personas defensoras y para limitar su trabajo»
Valentina Ballesta, Investigadora de AI, cerró el primer bloque de intervenciones exponiendo que el gobierno venezolano trata de difundir una «narrativa de normalización y arreglo de la situación en el país, pero la verdad es que existen más riesgos y más persecución en contra de la sociedad civil” .“En Venezuela siguen vigentes la represión a la disidencia, uso excesivo de la fuerza, la tortura en centros de detención, situaciones que podrían representar crímenes de lesa humanidad”. “Sofocar el espacio cívico en Venezuela repercutiría en la obstaculización de la búsqueda de la justicia y en la exigencia derechos”
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