El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 58 ataques e incidentes de seguridad durante el segundo trimestre de 2020 en Venezuela.
La política criminalización a la defensa y exigencia de derechos humanos se ha agudizado durante el estado de alarma decretado en el país el 13 de marzo de 2020. Contrario a los estándares y obligaciones internacionales de proteger, garantizar y respetar el derecho a defender derechos, el Estado venezolano continúa agrediendo a quienes defienden derechos humanos bajo la lógica del enemigo interno.