ONU plantea a Corte Penal Internacional implicarse en violaciones de DDHH en Venezuela

ONU plantea a Corte Penal Internacional implicarse en violaciones de DDHH en Venezuela

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) intervenir en los graves abusos cometidos en Venezuela, debido a la omisión de las autoridades venezolanas frente a los hechos.

“Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia”, afirmó Al Hussein.

Por segunda vez en el año, la oficina de Derechos Humanos de la ONU se pronuncia sobre Venezuela. Esta vez, en el informe Violaciones a los derechos humanos en Venezuela, un espiral descendente que no parece tener fin hizo mención al uso excesivo de la fuerza en contra de las manifestaciones, casos de torturas, ejecuciones a través de las OLP y detenciones arbitrarias con total impunidad. El texto abordó también la crisis económica y social que agobia a los venezolanos.

“El hecho de no haber responsabilizado a las fuerzas de seguridad por las violaciones tan graves de derechos humanos que se han perpetrado, sugiere que el Estado de Derecho está prácticamente ausente en Venezuela”, señaló.

El organismo internacional consideró en el informe que la erosión del Estado de derecho se aceleró desde agosto de 2017, a propósito de la Asamblea Nacional Constituyente. Ese mismo año se registraron 9.787 protestas en todo el país. A juicio del ACNUDH, durante la ola de manifestaciones masivas realizadas del 1 de abril al 31 de julio de 2017, las autoridades venezolanas infringieron sistemáticamente el derecho de reunión pacífica.

El texto tomó en cuenta las 3.341 protestas documentadas por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social del 1 de enero al 30 de abril de 2018. De ellas, 85% correspondiente a reclamos por derechos laborales, acceso a alimentos, medicamentos y servicios públicos básicos.

“El ACNUDH observó que, como consecuencia del agravamiento de la crisis socioeconómica, los reclamos de los manifestantes fueron cambiando cada vez más de demandas políticas a demandas sociales y económicas”, refiere el informe.

Al respecto, el Gobierno venezolano rechazó el informe de la ONU, por considerar que es “resultado de una metodología altamente cuestionable”.

El referido documento constituye un acto arbitrario que vulnera las propias normas de funcionamiento de la Oficina y usurpa las atribuciones que corresponden a otros órganos de la ONU“, destacó el comunicado de la cancillería venezolana.

De acuerdo al Gobierno, el documento vulnera los principios de “objetividad, imparcialidad y no selectividad”.

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