Caracas, 6 de Junio 2017.  Ante la grave situación que vive el país, en virtud de   la actuación desbordada de la Fuerza Armada Nacional, en el control de las manifestaciones públicas, en el marco de la puesta en práctica del denominado Plan Zamora, se hace necesario hacer un llamado público a los integrantes del alto mando militar, que tienen bajo su mando la conducción de la tropa profesional que hace frente a sus hermanos venezolanos, que buscan una salida para la reconstrucción del país.

De allí que es insoslayable el deber de exigir a los más altos oficiales de nuestras Fuerzas Armadas, que impartan las órdenes precisas y necesarias para detener la violación masiva y sistemática de los derechos humanos, por cuanto eso compromete la dignidad y la vida de todos los que habitamos esta nación. Es preciso recordar que son ustedes, quienes por su formación y autoridad, los llamados a garantizar el orden público para la convivencia pacífica, el ejercicio de la libertades y la supremacía de los derechos humanos, como valor superior del Estado democrático y social, de derecho y de justicia, que consagra nuestra Carta Fundamental, esa que nos dimos libremente los venezolanos, como señal de civilidad y compromiso, mediante referéndum.

Es crucial el momento que confrontamos, sin parecer darnos cuenta que estamos combatiendo con hermanos. Nosotros hemos pasado situaciones difíciles, hoy tenemos una más que superar, dado que ya resulta inaceptable, por inconstitucional, ver cuando los funcionarios policiales o militares están actuando para impedir las manifestaciones, reprimiendo a los ciudadanos por expresarse o en la persecución de delincuentes comunes o integrantes del crimen organizado, atacándolos con armas o implementos prohibidos constitucionalmente, generando daños severos, cruentos y atroces, al punto de privar de la vida a sus hermanos.

Tengo que insistir que en una sociedad democrática, la independencia de los poderes debe preservarse, hay que hacer esfuerzos elevados, porque los intereses son superiores, porque se trata de la supervivencia de toda una generación.

Hoy se encuentra activada la jurisdicción penal universal, y la vulneración de los derechos humanos son crímenes de lesa humanidad que no prescriben, cuya responsabilidad es personal, exigible al funcionario militar o policial que comete el hecho, sin que le sirvan de excusa órdenes superiores, por lo tanto, son acciones que perseguirán a los autores hasta que se acabe la impunidad.

No es menos preocupante, la situación que enfrenta nuestro país por las graves circunstancias económicas y sociales, cuando no se tiene ni seguridad alimentaria y se dificulta de manera notoria el acceso a los alimentos básicos y medicamentos, lo que ha generado elevados niveles de ansiedad y desesperanza, por lo que urge una pronta respuesta que conduzca a la reconstrucción del tejido social altamente vulnerado por quienes les correspondería garantizar las condiciones para que la vida se desenvuelva con calidad y justicia en una sociedad democrática.

Hoy profundamente conmovidos por el sufrimiento que se cierne sobre Venezuela, quienes tuvimos la responsabilidad de crear las bases fundacionales de la primera Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, que en su momento le llamamos El Refugio de la Dignidad, tenemos el imperioso deber de acompañar al pueblo venezolano en su justo clamor porque se le respete, se le reconozca y se le restituyan sus derechos conculcados.

Dilia Parra Guillén y parte del Equipo de Trabajo de la Defensoría del Pueblo del periodo 1999-2000.

Caracas, 6 de Junio 2017