Protestas postelectorales disminuyen por represión

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Crisis de derechos humanos en Venezuela

Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, el país entró en una grave crisis de derechos humanos. Si bien inicialmente hubo una oleada de protestas ciudadanas exigiendo transparencia en los resultados y entrega de actas electorales, la represión gubernamental impactó en las manifestaciones de los días siguientes.

Durante la primera semana de agosto, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 146 protestas, un descenso drástico en comparación a las 915 registradas durante los días 29 y 30 de julio.

Política de criminalización y persecución contra disidentes, críticos y todo al que identifiquen como opositor

  • Detenciones arbitrarias
  • Desapariciones forzadas
  • Allanamientos ilegales
  • Detenciones masivas
  • Detenciones selectivas
  • Tratos crueles inhumanos y degradantes
  • Persecución
  • Uso desproporcionado de la fuerza

El 6 de agosto, el gobierno venezolano anunció la detención de 2.229 personas, quienes serán acusadas de «terrorismo» y encarceladas en prisiones de máxima seguridad.

Además de la falta de transparencia electoral, la población enfrenta una oleada de detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y anulación de pasaportes. Todo esto bajo el pretexto de «combatir el terrorismo» y buscar la paz del país.

Los venezolanos viven con miedo a ser denunciados por sus vecinos, simpatizantes del gobierno, o castigados por aparecer en videos o fotos de las manifestaciones que circulan por las redes sociales.

La exposición de detenidos en redes y medios de comunicación del Estado, pidiendo disculpas por participar en manifestaciones, ha sido uno de los castigos ejemplarizantes documentados.

El resguardo y la cautela se han vuelto la norma ante la feroz represión estatal, que se ha afianzado especialmente en las zonas populares y pobres del país.

Ante esta grave crisis de derechos humanos, es urgente que la comunidad internacional ejerza presión sobre el gobierno venezolano para que entregue las actas electorales, cese la represión, libere a los detenidos arbitrariamente y garantice el pleno ejercicio de las libertades ciudadanas.