Ginebra-París-Caracas, 10 de marzo de 2020 – En Venezuela las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos son concebidas como «enemigos internos», y una compleja política de Estado pone la institucionalidad pública al servicio de la difamación y el hostigamiento de sus voces. Un informe publicado en el día de hoy analiza la evolución de esta cruda realidad durante los últimos dos años
“Denunciar la carestía de servicios básicos, exigir justicia o incluso meramente participar en labores humanitarias implica exponerse a ataques por parte del Estado. A la vez el contexto de crisis ha llevado a que cada vez más personas participen en acciones de exigencia de derechos, lo que ha aumentado la represión”, denunció Liliana Ortega, Directora de COFAVIC.
Este informe es el primero que analiza esta cuestión en profundidad y se publica en un contexto en el país en el que se han registrado casi 11.000 ejecuciones extrajudiciales desde 2012 y en el que la crisis a nivel nacional ha provocado la migración de millones de personas venezolanas. Las dos organizaciones internacionales y tres venezolanas han podido documentar un total de 121 agresiones -la punta del iceberg- contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela durante los años 2018 y 2019. El Estado aparece como el perpetrador de la mayor parte de los ataques, ya sea por medio de sus herramientas de comunicación o de la acción de los organismos de seguridad del Estado.
“En los últimos años, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial han constituido un entorno hostil para la defensa de derechos humanos. Leyes regresivas, impunidad absoluta y la estigmatización como política de Estado difundidas por los medios de comunicación públicos definen una tormenta perfecta para el derecho a defender derechos humanos en Venezuela”, declaró Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT.
El informe recoge historias individuales que evidencian la sistematicidad de los ataques a las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela. Algunos de los casos citados son: los ataques contra la ONG Prepara Familia simplemente por su labor humanitaria; el hostigamiento contra Ana Rosario Contreras por su defensa de derechos humanos como presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería del Distrito Federal; o la ejecución extrajudicial por parte de la policía del sobrino de la defensora Ruth Pérez como represalia por la labor de Ruth como defensora de los derechos humanos.
El informe documenta una batería de medidas dirigidas a obstaculizar la defensa de derechos humanos, desde restricciones a la libertad de asociación, medidas que buscan la asfixia económica de las ONG al restringir la financiación internacional, hasta limitaciones a la tutela judicial efectiva, e inclusive el desarrollo de leyes que institucionalizan la doctrina del “enemigo interno”, entre estos, los Decretos de Excepción y Emergencia económica. El informe además incluye una serie de recomendaciones concretas que permitirían avanzar hacia el establecimiento de garantías reales y efectivas para el derecho a defender derechos humanos en el país
“Concebir a quienes defienden derechos humanos como enemigos internos, terroristas o agentes desestabilizadores es una acción perversa que refuerza la crisis política, humanitaria y de derechos humanos que experimenta el país, al dificultar el trabajo, precisamente, de aquellas personas que contribuyen a reforzar el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho”, declaró Alice Mogwe, Presidenta de FIDH.
- El informe está disponible aquí: Venezuela_Informe_2020.03_Informe Completo
- El Resumen Ejecutivo está disponible en español (Venezuela_Informe_2020.03_Resumen Ejecutivo) y en inglés (Venezuela Report_2020.03_Executive Summary).
Para más información, por favor, contacten con:
· OMCT: Iolanda Jaquemet: + 41 22 809 49 39
· FIDH: Samuel Hanryon: + 33 6 72 28 42 94 / José Carlos Thissen: + 51 95 41 31 650
· COFAVIC: Yeniter Poleo: +58 424 159 84 07
· CDJ: Marianna Romero +58 4242941609
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
El Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC) es una asociación civil sin fines de lucro con sede en Venezuela, con una gestión de alto impacto enfocada al fortalecimiento del sistema de justicia venezolano. Es una ONG fundada y administrada por familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos, hoy convertidas en defensoras de derechos humanos. Reúne la más amplia experiencia de litigio de casos venezolanos ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y otros organismos de protección internacional
La Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, creada en 1989, es una organización no gubernamental venezolana encargada de promover y defender los derechos humanos, aplicando los instrumentos nacionales e internacionales sobre derechos humanos.
El Centro para los Defensores y la Justica (CDJ), es una organización no gubernamental que protege derechos humanos y vela por el fortalecimiento de la justicia y la institucionalidad democrática en Venezuela conforme a las obligaciones y normativa internacional en la materia. Asimismo, promueve la defensa y protección de las personas defensoras de derechos humanos, mediante el fortalecimiento de sus capacidades y resguardo de su seguridad
