OVCS declara usurpación de cargo de la Presidencia y exige restablecimiento del orden constitucional

OVCS declara usurpación de cargo de la Presidencia y exige restablecimiento del orden constitucional

(Caracas, 10.01.19) El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) declara desde hoy, 10 de enero de 2019, la usurpación de funciones del ciudadano Nicolás Maduro como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela durante el período 2019-2025.

Este hecho representa una ilegalidad de origen, por ser resultado de un proceso violatorio al orden constitucional, tras la convocatoria hecha por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a las elecciones presidenciales el 20 de mayo de 2018.

En consecuencia, a partir de este jueves, según el artículo 233 de la Constitución Bolivariana de Venezuela este cargo debe ser asumido por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), como único poder público legitimado por el voto popular.

Instamos a todos los sectores del país a dar cumplimiento de lo establecido en la carta magna para avanzar en la construcción de un proceso de transición para retomar la democracia y las libertades en Venezuela.

Hacemos este planteamiento en consonancia con las denuncias y exigencias hechas por el Grupo de Lima, Parlamento Europeo y Secretaría General de la Organización de Estado Americanos, así como diversos países y organismos de protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Sistema Universal de Naciones Unidas.

Exigimos que todas las medidas y acciones, tanto por el Parlamento como por la comunidad internacional, sean tomadas en el marco del respeto y garantía de los derechos humanos y la Constitución.

Desde octubre de 2016, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social ha denunciado de manera reiterada la ruptura del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela. Quienes dirigen el país han ejecutado todas las acciones posibles para garantizar su permanencia en el poder en detrimento de la voluntad ciudadana, las libertades y el Estado de derecho, llevando al país a una aguda Emergencia Humanitaria Compleja que se profundiza con el pasar de los días. Solo en 2018 se documentaron más de 10 mil protestas por derechos sociales y fueron asesinados 14 manifestantes.

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