ONG exigen fin de la política sistemática de criminalización a defensores de DDHH en Venezuela

ONG exigen fin de la política sistemática de criminalización a defensores de DDHH en Venezuela

Las organizaciones de derechos humanos e individuales que suscribimos este comunicado condenamos los ataques y agresiones cometidos contra quienes defienden derechos humanos y realizan labores humanitarias en Venezuela.  Exigimos el cese inmediato a la política de criminalización ejercida por parte de representantes del Estado venezolano. Es necesario que en Venezuela el derecho a defender derechos sea garantizado, protegido y promovido.

Desde el año 2002 hasta la actualidad autoridades del Estado han desarrollado una política que criminaliza la defensa y exigencia de derechos humanos. Partiendo de un discurso de odio y desprestigio, a través de los medios públicos y oficiales, se pretende desacreditar y desacreditar el trabajo de las organizaciones y personas que defienden derechos humanos, acompañan víctimas y ejercen acciones de carácter humanitario. Estos actos además han derivado en la materialización de acciones violentas que afectan la labor de defensa, comprometen la vida e integridad personal  de las personas afectadas y obstaculizan el trabajo ejercido.

En los últimos 5 años, bajo supuesta tesis de la existencia de enemigos internos que buscan desestabilizar la paz, se han enmarcado los ataques contra el movimiento de derechos humanos en Venezuela, el cual se ha visto afectado, no solo por la estigmatización e intentos de deslegitimación de su trabajo mediante el discurso de odio y desprestigio, ejecutado por autoridades estatales, sino también por medio de la aplicación de legislación restrictiva, acciones judiciales en su contra, actividades de vigilancia y seguimiento, agresiones, ataques digitales, persecución, allanamientos arbitrarios, detención arbitraria, criminalización de la cooperación, decomiso de materiales, entre otros ataques, que han perjudicado y obstaculizado la defensa de derechos humanos.

La política represiva y de control, ha facilitado el abuso de autoridad por parte de funcionarios públicos, muchos de alto nivel, generando un entorno adverso y hostil que en el marco de una emergencia humanitaria compleja dificulta aún más el desempeño legítimo de organizaciones de la sociedad civil en su trabajo y facilita la inhibición de las víctimas a la denuncia y a la búsqueda de asistencia, además de exponerlos a la violencia e inseguridad existente en el país debido a los altos índices de criminalidad, inseguridad e impunidad.

Organizaciones que promueven y defienden el derecho a la salud, la alimentación, y personas que realizan labores de carácter humanitario, asistencia médica y profesionales de la enfermería, en los últimos dos años han sido objeto de hostigamiento y represalias, allanamientos arbitrarios, detenciones arbitrarias y agresiones debido a las denuncias que realizan y a las acciones de apoyo a la población vulnerable, al ser considerados agentes intervencionistas que promueven una injerencia militar.

Igualmente, existe un recrudecimiento de la represión contra sindicalistas y trabajadores(as), quienes han sido objeto de persecución, encarcelamiento, amenazas y agresión. Asimismo, defensores y defensoras ambientales e indígenas han sido víctimas de hostigamiento y represalias por denunciar los abusos y afectaciones producto de la explotación de recursos naturales en el Arco Minero del Orinoco y otras zonas del país. Organizaciones  y activistas comunitarios, estudiantes y comités de víctimas y familiares de víctimas también han sido objeto de amenazas por exigir la reivindicación de derechos o por denunciar la violencia y las vulneraciones en sus comunidades y espacios de desarrollo.

En este contexto es necesario que en Venezuela quienes defendemos derechos humanos podamos hacerlo en entornos propicios y seguros, que garanticen podamos realizar nuestras actividades pacíficas y legitimas sin restricciones indebidas y sin temor a hostigamientos, amenazas o represalias.

Por ello exigimos al Estado Venezolano:

1.      Cese de forma inmediata todos los actos de criminalización, intimidación, hostigamiento, descalificación, agresión. Así como también se abstenga de imponer restricciones y limitaciones arbitrarias a la posibilidad de asociarse y reunirse libremente.

2.      Implemente los mecanismos necesarios para proveer y garantizar ambientes propicios y seguros para quienes defienden derechos humanos en Venezuela. Así como la creación de mecanismos efectivos para la protección de quienes defienden derechos humanos.

3.      Tomar todas las medidas necesarias para asegurar que funcionarios y funcionarias del Estado, otras figuras públicas, se abstengan de hacer declaraciones que estigmatizan el trabajo legítimo de los defensores de derechos humanos.

4.      Se investiguen y sancionen a los responsables de cometer agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Venezuela, sean actores estatales o para estatales.

5.      Aplique de forma efectiva la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos; conocida como la Declaración de Defensores, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998.

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