El Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo acordó este miércoles la instalación de una comisión de encuesta, que se encargará de revisar la violación de los convenios del organismo por parte del Gobierno venezolano.

«La Mesa del Consejo de Administración recomienda que el Consejo de Administración, sumamente preocupado por la falta de progresos con respecto a sus anteriores decisiones, en particular en cuanto al establecimiento de una mesa de diálogo social y un plan de acción, que había instado por última vez al Gobierno que institucionalizara antes de finales de 2017, y lamentando que resulte imposible llevar a cabo una misión de alto nivel recomendada en su anterior reunión debido a las objeciones planteadas por el Gobierno respecto de la agenda, decide que se cree una comisión de encuesta», destacó el organismo en su reunión en Ginebra.

La investigación estará centrada en la violación de los convenios sobre la libertad sindical (convenio 87), la consulta tripartita (convenio 144) y la fijación de salarios mínimos (convenio 26), cuya queja fue presentada por 33 delegados de los empleadores en junio de 2015. En el caso de Venezuela, representada por Fedecámaras.

Hasta ahora el Consejo de Administración había revisado los planteamientos y había solicitado al Gobierno que adoptase una serie de recomendaciones para buscar una solución a la situación. Sin embargo, no ha tenido respuesta.

Con esta, suman 12 comisiones de encuesta realizadas por la OIT, según detalló el organismo. La adopción de esta medida ocurre cuando justamente el Estado miembro es acusado de cometer violaciones sistemáticas y graves de los convenios internacionales del trabajo, y se resiste a ocuparse de los mismos.

Cabe destacar que en nuestro reciente informe de febrero, las protestas laborales ocuparon el primer lugar de los conflictos documentados, con un total de 211 casos.

La pérdida del poder adquisitivo del salario frente al escenario hiperinflacionario, la inestabilidad laboral, falta de insumos para operar, son los principales problemas que afectan tanto a trabajadores como a empresas.

Para el OVCS, es una situación alarmante lo que está ocurriendo en el mundo laboral. El tejido industrial está paralizado, producto de las expropiaciones y la falta de materia prima en los casos de aquellas empresas que aún subsistenten en el país. Los trabajadores han apelado a la informalidad y hasta asumir más de tres  responsabilidades para sobrevivir. Otros se han ido del país en búsqueda de mejores oportunidades. Es inminente que el Gobierno atienda las recomendaciones del sector productivo (empresarios y trabajadores), así como el apoyo que han ofrecido organismos internacionales, como la OIT, para superar la crisis. De lo contrario, más empresas están al borde del cierre, mayores serán los conflictos de una clase obrera empobrecida y la fuga de talento será aún mayor a la registrada en estos últimos años.

Prensa OVCS