En clave: Recomendaciones de la CIDH al Estado venezolano

En clave: Recomendaciones de la CIDH al Estado venezolano

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este año su informe país dedicado a la situación económica, política y social que vive Venezuela. En el texto, el organismo internacional manifestó serias preocupaciones por la crisis que atraviesa el país e hizo una serie de recomendaciones al Estado venezolano, que permitirán retomar el camino institucional y garantizar una mejor calidad de vida a sus ciudadanos.

Recomendaciones de la CIDH a Venezuela
  • Ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconocer la competencia contenciosa de la Corte IDH.
  • Revertir la decisión de retirarse de la OEA.
  • Cumplir las recomendaciones, decisiones y sentencias de los órganos interamericanos de derechos humanos.
  • Dar su anuencia para la realización de una visita a Venezuela para monitorear la situación general de los derechos humanos.
  • Documentar las violaciones de derechos humanos y garantizar su correspondiente investigación.
  • Adoptar legislación en materia de acceso a la información pública y datos oficiales.
  • Dejar sin efectos todas aquellas medidas que obstaculicen el derecho de todas las personas a salir del territorio venezolano, así como a solicitar y recibir asilo, protección complementaria u otra forma de protección.
Institucionalidad democrática
  • Restablecer el orden constitucional, garantizando la independencia y equilibrio de poderes, la participación política sin discriminación de toda la población y el control ciudadano hacia la actuación de los distintos poderes del Estado.
  • En cuanto a la independencia del Poder Judicial, adoptar medidas urgente para reducir significativamente el número de jueces provisorios y aumentar el de titulares.
  • Abstenerse de realizar cualquier acto de hostigamiento o intimidación en el ejercicio de la función judicial.
  • Adoptar medidas para garantizar la separación de poderes y el ejercicio de la Asamblea Nacional.
  • Respecto a la Asamblea Nacional Constituyente, revertir las medidas que exceden las competencias de un órgano constituyente.
  • En relación con el Consejo Nacional Electoral, tomar las medidas necesarias para asegurar su independencia, a través de la aplicación del mecanismo de elección y requisitos establecidos constitucionalmente.
  • En cuanto a la Defensoría del Pueblo, adoptar las medidas necesarias para que contribuya a la protección efectiva de los derechos humanos.
  • Respecto del Ministerio Público, implementar las medidas necesarias para que realice con eficiencia y eficacia su función de investigación.

 

Derechos políticos y participación en la vida pública

  •  Garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos a todas las personas.
  • Promover espacios de control ciudadano permanente en todos los procesos electorales.
  • Adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos políticos de alcaldes, gobernadores, diputados y cualquier otra autoridad.
  • Abstenerse de ejercer represalias o utilizar el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política.
  • Propiciar un clima de tolerancia en el cual se favorezca la activa participación e intercambio de ideas de los diversos sectores de la sociedad.
  • Abstenerse de hacer declaraciones que estigmaticen a líderes y miembros de la oposición.
Libertad de expresión y protesta social
  •  Adecuar la legislación interna conforme a los parámetros establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.
  • Manifestar la condena pública de los actos de violencia contra los comunicadores sociales y medios de comunicación.
  • Abstenerse de utilizar mecanismos de presión directa o indirecta dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores.
  • Archivar los procesos judiciales en contra de periodistas y medios de comunicación que hayan sido iniciados para reprimir, sancionar y castigar el derecho a la libertad de expresión, y que no tengan sustento.
  • Asegurar que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que generan un ambiente de intimidación que limite el derecho a la libertad de expresión.
  • Adoptar legislación en materia de acceso a la información pública.
 Protesta social
  •  Remover los obstáculos al ejercicio legítimo del derecho a la protesta.
  • Garantizar el ejercicio del derecho de reunión y manifestación pacífica.
  • Adoptar de manera inmediata y decidida medidas para excluir la participación de militares y fuerzas armadas de los operativos de manejo de manifestaciones públicas.
  • Tomar medidas de distinta índole para que las armas de fuego estén excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales.
  • Realizar de manera inmediata las investigaciones correspondientes a las muertes ocurridas en el marco de las manifestaciones.
  • Detener todos los actos de represión contra las manifestaciones pacíficas.
  • Adoptar todas las medidas a fin de garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a participar en manifestaciones.
  • Adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para proteger el derecho a la vida y a la integridad personal de niños, niñas y adolescentes en el marco de las protestas sociales.
  • Tomar las medidas para asegurar que las autoridades no manipulen el poder punitivo para castigar o inhibir la protesta social.
  • Liberar a todas las personas detenidas y/o procesadas sólo por el hecho de haber ejercido el derecho a la protesta social.
  • Garantizar las condiciones para que los defensores de derechos humanos realicen libremente sus actividades sin temor a intimidación y represalias.
  • Abstenerse de efectuar detenciones ilegales o arbitrarias.
  • Adoptar medidas urgentes y necesarias para que cese la utilización de dependencias policiales como lugares de alojamiento permanente de personas.
  • Adoptar acciones concretas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad y en particular, tomar medidas orientadas a prevenir y controlar los posibles brotes de violencia en las cárceles o centros de privación de libertad.
  • Abstenerse de realizar cualquier acto de tortura; tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y cualquier tipo de violencia sexual en contra de las personas detenidas.
  • Tomar las medidas necesarias para que personas civiles no sean investigadas, procesadas y/o juzgadas por la jurisdicción penal militar y de ser el caso, reconducir procesos en curso a la vía ordinaria.
Violencia y seguridad ciudadana
  •  Adoptar medidas integrales para reducir los índices de violencia e inseguridad.
  • Reformular las políticas y prácticas de las fuerzas de seguridad en relación con operaciones de control ciudadano, a fin de que se inscriban en un marco de respeto a los derechos humanos.
  • Capacitar a los servidores públicos encargados de tareas de orden público en temas de protección y respeto a los derechos humanos.
  • Asegurarse de hacer uso de la fuerza en estricto cumplimiento de los principios de excepcionalidad, legalidad, necesidad, proporcionalidad, no discriminación y rendición de cuentas.
  • Adoptar de manera inmediata y decidida medidas para excluir la participación de militares y fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana.
  • Reservar su uso y delimitar temporalmente los estados de excepción para situaciones de extrema gravedad y real excepcionalidad.
  • Cesar el involucramiento de personas civiles en tareas de seguridad y, en particular, prohibir que civiles con entrenamiento militar sean incorporados a las estrategias de defensa interna.
  • Abstenerse de brindar cualquier tipo de apoyo a los colectivos civiles.
  • Prevenir y condenar todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres.
  • Tipificar adecuadamente el delito de trata de personas, de conformidad con las normas y estándares regionales e internacionales en materia de derechos humanos.
  • El Ministerio Público debe contar con un registro actualizado de denuncias de casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes que sea de acceso público.
  • Adoptar e implementar políticas públicas integrales orientadas a asegurar que las personas detenidas en cualquier centro de privación de libertad, sean recluidas en condiciones dignas.
Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
  •  Intensificar las medidas adoptadas para reducir la situación de pobreza y pobreza extrema.
  • Abstenerse de realizar cualquier acto que suponga un trato distinto por razones de opinión política en el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
  • Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que los recursos disponibles se utilizan de manera prioritaria.
  • Adoptar medidas para atender la grave crisis económica y social.
  • Adoptar medidas para optimizar el funcionamiento de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción de manera que se garantice de manera más efectiva el derecho a la alimentación.
  • Tomar acciones de manera urgente para garantizar adecuadamente el derecho a la alimentación de las personas privadas de libertad.
  • Monitorear periódicamente el estado nutricional de la población.
  • Adoptar medidas para garantizar la disponibilidad y calidad de los servicios de salud.
  • Priorizar la adopción de las medidas que resulten necesarias para asegurar a las mujeres y las niñas el disfrute de sus derechos sexuales y reproductivos, así como la prevención de los embarazos no deseados y la atención de las víctimas de violencia sexual.
  • Monitorear la disponibilidad y acceso de la población a medicinas y servicios de salud.
  • Garantizar el derecho a la salud y la vida de las personas viviendo con VIH/sida.
  • Tomar las acciones necesarias para garantizar de manera efectiva el acceso y la calidad del derecho a la educación.
  • Incrementar la inversión en la educación básica.
  • Recabar y publicar periódicamente información relativa al nivel de matriculación, el ausentismo y la deserción, así como resultados de calidad educativa.
  • Abstenerse de cualquier acción o conducta que pueda limitar la autonomía de las universidades.
  • Adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad jurídica de la tenencia de viviendas.
  • Atender la situación de las comunidades afectadas por la crecida del Lago Valencia y los riesgos de su muro de contención.
  • Favorecer los mecanismos de participación y rendición de cuentas sobre políticas públicas.

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